¿Y si el tren bala lo para la Corte?

Política

El radicalismo cree que podrá frenar la construcción del tren bala en la Corte Suprema. Tras haber presentado un recurso el año pasado -que fue denegado por la Justicia en lo Contencioso Administrativo-el jujeño Gerardo Morales anunció ayer que apelará a la Corte la decisión del gobierno de construir el tren de alta velocidad a Rosario y Córdoba que, según ellos, viola no sólo la Ley de Administración Financiera sino también la legislación en materia de obra pública.

Habida cuenta los criterios que la Corte aplicó en los últimos dos años para dirimir cuestiones relacionadas con el gobierno -como ordenarle que solucione la movilidad previsional o que limpie el Riachuelo-, el resultado de la presentación es impredecible.

Morales denunció ayer que «para los jueces kirchneristas el tren bala es una construcción urgente. Urgente no es el capricho de Cristina de Kirchner, urgente es el arreglo de los trenes comunes que transportan a ciudadanos comunes como ganado desde Rosario a Buenos Aires», dijo el jujeño.

El argumento que sostuvo el presidente del comité nacional del radicalismo no es sólo institucional: «Los u$s 3.200 millones en el tren bala se podrían gastar 800 millones para levantar y mejorar el Belgrano Cargas, que pasa por 14 provincias argentinas, y u$s 900 millones para mejorar el funcionamiento de los trenes del área metropolitana, entre otras inversiones».

  • Incremento

    Se plantea en la denuncia que el llamado a licitación original en 2006 fue por u$s 2.400 millones «con financiamiento en mitades entre la concesionaria y el Estado. Hoy estamos con un incremento de u$s 1.200 millones y todo a cargo del Estado, sin condiciones técnicas suficiente», se explicó ayer.

    La próxima semana, la UCR presentará a la Corte Suprema un recurso extraordinario después del rechazo que recibió a la apelación presentada tras la negativa del juez en lo Contencioso Administrativo Guillermo Rossi a hacer lugar a una medida cautelar que Morales y Alejandro Nieva habían presentado en octubre pasado para frenar la construcción del tren.

    «Los argumentos de esa presentación se apoyan en vistas de que el llamado a licitación y la consiguiente preadjudicación efectuada por la Secretaría de Transporte, violan palmariamente el artículo 7 de la Ley de Obra Pública y configura un acto ilícito que contraria las reglas sobre el manejo de fondos públicos», explicaron ayer en el comité nacional del radicalismo.

    El cuestionamiento se basa también en que se llamó a licitación para esa megaobra sin contar «con el crédito presupuestario, lo que configuraba desde el inicio un acto ilícito», lo que luego fue ajustado.

    «Posteriormente, analizado el proyecto de Presupuesto para el ejercicio financiero 2008, luce que intenta establecerse la afectación de recursos para financiar la obra por un total de $ 11.627 millones, monto que a todas luces casi triplica el valor contenido en el Presupuesto original, oficial, aprobado y por el que se efectúa el pertinente llamado a licitación», dijo ayer Morales.

    Los fracasos del radicalismo en la Justicia por el tren bala comenzaron el 27 de noviembre de 2007 cuando el juez Rossi rechazó la primera presentación por falta de legitimación de los denunciantes. Luego la Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones del Fuero Contencioso Administrativo Federal, repitió los argumentos del juez de primera instancia. Por eso ahora, recurren a la Corte Suprema.
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