Ya es ley el bloqueo de fondos para terrorismo

La Cámara de Diputados sesionó ayer para tratar, entre otros temas, la ley que reforma el Código Penal e incorpora las figuras delictivas de «asociación ilícita terrorista y financiación del terrorismo». Los diputados Chironi y Rossi discuten junto al presidente Alberto Balestrini.

La Cámara de Diputados convirtió anoche en ley el proyecto que modifica el Código Penal castigando la asociación ilícita con fines terroristas y el financiamiento de esos actos. El proyecto era reclamado por el Grupo de Acción Financiera Internacional, el máximo organismo de lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento de actividades ilícitas, en el que la Argentina tiene un sillón. Ahora permitirá, además de castigar esas actividades, que la Unidad de Información Financiera bloquee operaciones en el mercado sospechosas de encubrir apoyo económico al terrorismo.

El gobierno le había pedido al Congreso que apurara la votación -la sesión de Diputados se hizo casi con exclusividad por ese tema-antes de la reunión del GAFI en París. En febrero pasado, el organismo había intimado al país a sancionar una legislación de combate al terrorismo y los medios para financiarlo. La pena por no cumplir con la recomendación hubiera sido declarar no confiables las transferencias e inversiones realizadas desde la Argentina o, directamente, expulsar al país de ese sitial.

El proyecto castiga al terrorismo en un estadio anterior a la comisión de actos terroristas al penar la mera participación en una asociación ilícita con esos fines.

Prevención

Es la teoría legal que se sostiene en la mayoría de los países que tienen legislación contra actos terroristas, basándose en un principio de prevención. De todas formas, se incorporaron algunas condiciones para penar a una organización como, por ejemplo, tener relación con redes internacionales.

Esa diferencia no es menor. De hecho, el año pasado el Congreso votó otra ley, también por exigencia del GAFI, que habilitó el levantamiento del secreto bancario y bursátil sin previa autorización judicial para la investigación de casos sospechados de lavado de dinero.

Ese proyecto contenía también la ahora votada ley contra el terrorismo, pero no hubo consenso precisamente en la definición de qué organizaciones quedarían incluidas en el tipo penal.

En el kirchnerismo se temió que hasta las organizaciones piqueteras pudieran quedar alcanzadas y por eso la ley en ese momento se dividió, dejando pendiente el tramo sancionado ayer.

Por eso no llamó la atención que en el debate de anoche la oposición más fuerte a esa ley del Poder Ejecutivo partiera precisamente del oficialista Miguel Bonasso. Fue uno de los discursos más duros que debió soportar Agustín Rossi en el recinto.

Las penas para los miembros de asociaciones ilícitas serán: reclusión o prisión de cinco a veinte años, y para los jefes, un mínimo de diez años de reclusión o prisión.

Además, será reprimido con reclusión o prisión de cinco a quince años «el que recolectare o proveyere bienes o dinero, por el medio que fuere, con conocimiento de que serán utilizados... para financiar una asociación ilícita terrorista».

La ley fue aprobada 101 votos a favor contra 35, con el apoyo del kirchnerismo, el Peronismo Federal y el bloque radical, pero rechazada curiosamente por la izquierda, el ARI y el macrismo, todos por distintas razones.

Los socialistas y el ARI juzgaron que el texto es lo suficientemente «ambiguo» como para permitir penalizar la protesta social, en tanto la macrista Nora Guinzburg dijo en cambio que «la ley no servirá para combatir ningún tipo de terrorismo» y la atacó también porque «no cumple con los estándares internacionales. ¿Qué me van a venir a hablar los comunistas de derechos humanos?», dijo en el recinto.

Sin prejuicios

Para el kirchnerismo el trago no fue fácil. Rosario Romero tuvo que admitir que en la Argentina «todo lo que sea antiterrorista suena mal», pero pidió a las organizaciones de derechos humanos que «lean la ley sin prejuicios» porque la tipificación del acto terrorista es «muy cerrada» en la norma como para incluir a la protesta social.

La sesión terminó poco después de la votación, tras un homenaje a la diputada recién fallecida Isabel Artola. Ni siquiera hubo tiempo para que jurara su reemplazante, Aníbal Leguizamón, ni para tratar una larga lista de proyectos pendientes. A esa hora el partido de Boca contra Gremio de Porto Alegre pudo más.