Congreso ahora levanta el precio para apoyar el plan

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Gustavo Béliz se llevó ayer varios reclamos del Senado:si bien no escuchó reprochesde los dueños de casa, tuvo que soportar que le dijeran en la cara que el plan de seguridad que lanzó el gobierno es, más que nada, un listado de buenas intenciones a las que nadie puede oponerse. Y que, en consecuencia, ahora esperan que Néstor Kirchner les mande los proyecto de ley correspondientes, además de disipar algunas objeciones.

El ministro de Justicia se entrevistó con Daniel Scioli y algunos de los principales referentes de la Cámara alta, entre ellos, los peronistas Miguel Angel Pichetto (jefe del bloque), Marcelo Guinle ( presidente provisional) y Sonia Escudero (responsable de la Comisión de Seguridad Interior), más los radicales Jorge Agúndez (presidente de la Comisión de Legislación Penal) y Gerardo Morales; y la provincial Luz Sapag ( Interbloque Federal de provinciales).

• Situaciones confusas

Hoy, a las 10.30, prometió concurrir al plenario de Seguridad Interior, Legislación Penal, Comunicaciones y Justicia, en Diputados, según confirmó la justicialista Graciela Camaño. Puede que el paseo por esta ala del Congreso resulte un poco más árido, ya que la UCR venía planteando, directamente, la interpelación de Béliz.

Al repasar los puntos del plan, los senadores detectaron situaciones algo confusas, por caso, que se hable de crear tribunales de ejecución penal, cuando el Senado dio sanción y giró a la Cámara baja un proyecto en ese sentido la semana pasada.

Por supuesto, las inquietudes más notorias se concentraron en la reducción de la edad de imputabilidad a 14 años, en la facultad de intervención de la Agencia Federal -cuya creación demandaría $ 70 millones, financiados con el pago de Ganancias de los magistrados (ver pág. 10)- en las provincias y la reformulación del Consejo de la Magistratura, encargado de examinar a los candidatos a jueces y removerlos en caso de mal desempeño.

El radical Agúndez fue uno de los más activos en la ronda de consulta con Béliz. Sobre el tema minoridad, el sanluiseño comentó que no bastaba con disminuir la edad de imputabilidad.
«Yo presenté una iniciativa en ese sentido en el '96, pero creo que tendríamos que revisar la ley de patronato, que es de principios del siglo XX; por eso, los chicos abandonados y delincuentes terminan juntos en los mismos institutos», reflexionó.

«¿Hay suficientes locales para albergarlos»,
insistió Agúndez, muy interesado por las garantías que merecen los jóvenes. Otra de sus preocupaciones fue la integración efectiva del sistema carcelario para unificar los archivos de antecedentes de todo el país en un banco de datos. «Hay como 50 escuelas penitenciarias», reconoció Norberto Quantín, secretario de Seguridad, que participó de la cita en la Cámara alta.

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