El impuestazo de Cavallo profundizará la depresión

La pesadilla impositiva que sufren los argentinos desde 1995 ya lleva siete impuestazos «al hilo» en siete años. Cavallo, como no podía ser de otra manera en un miembro de la corporación política, ya lanzó dos en treinta días. Va a fracasar en su intento de bajar el déficit fiscal en base a apretones impositivos como ocurrió con los anteriores y, para colmo de males, profundizará la depresión económica que tanto le aterra.

A partir de un diagnóstico que la baja del gasto público no es políticamente posible, Cavallo se ha jugado por un programa típico del capitalismo corporativo, que consiste en matar con impuestos a la gente que no tiene capacidad de protestar para mejorar la competitividad de las corporaciones con planes sectoriales a medida. Esta estrategia dirigista es tan «meritoria» desde la visión de los políticos y economistas «pragmáticos» como es detestable desde el punto de vista de la gente que termina pagando los mayores impuestos con mayores precios, menores salarios o con desempleo.

Inevitable

Frente al espectro de la cesación de pagos, el ajuste fiscal es inevitable. Pero la única manera de atacar simultáneamente el problema fiscal y (parcialmente) el problema de competitividad es bajar el gasto público. Lejos de atacar el problema como se debe, el Cavallo «político» confía en que la reactivación solucionará el problema fiscal (la realidad es que la depresión lo está agravando día a día) y se dedica a meterle la mano en el bolsillo nuevamente a la gente para beneficiar a dedo a los sectores en mayores dificultades (que no son necesariamente los más competitivos). De esta manera, continuamos inexorablemente rumbo al «default» (pues el problema fiscal no se soluciona) y desde el punto de vista de largo plazo, volvemos al dirigismo económico que nos condenó a la decadencia por más de 50 años. Es necesario y urgente cambiar la forma de cerrar las cuentas fiscales basadas en impuestazos sistemáticos y ponerle la proa a la baja del gasto público. Veamos los argumentos insostenibles que usan los políticos para defender su «quinta» del gasto público.

1) Desde el lanzamiento de la convertibilidad, el gasto público creció $ 40.000 millones. A pesar de ello, difícilmente haya algún argentino que esté contento con los bienes públicos que recibe. Hoy no tenemos ni buena salud pública ni buena educación pública, la seguridad no existe, las falencias en la administración de justicia son groseras, etc. Una parte del aumento del gasto público ha ido a aumentar las remuneraciones de empleados públicos cuya productividad no aumentó e incluso ha declinado. Otra parte ha ido a aumentar significativamente las jubilaciones, mientras las remuneraciones privadas que aportan han aumentado mucho menos o han declinado. Pero el grueso de esos $ 40.000 millones de aumento del gasto público ha sido para financiar el amiguismo, el clientelismo y la corrupción de la corporación política que maneja los asuntos del país ¿Por qué no bajarlo entonces, si el fundamento ético para el gasto público es que los impuestos vuelvan a la comunidad en forma de servicios de calidad que hoy no existen?

2) Los políticos viven diciendo que si se baja el gasto público de manera significativa, se producirían grandes «costos sociales». Esto supone que si se mantiene el gasto público, se evitan los costos sociales. Esto no es así, lo que ocurre es que se traslada el ajuste al sector privado. Los impuestazos se traducen en menores ingresos del sector privado o más desempleo. El déficit fiscal nos ha puesto al borde de la cesación de pagos, la tasa de riesgo-país ahuyenta la inversión privada y esto nos condena a un desempleo creciente. La verdad es que después de los errores fiscales cometidos, no hay forma de evitar los costos sociales. Lo que está en discusión es si ahondamos el ajuste del sector privado o retrotraemos el gasto público a niveles compatibles con una presión tributaria razonable sobre el sector privado.

3) Muchas veces, cuando los políticos defienden el botín que para ellos es el gasto público, dicen que el gasto público es «inflexible a la baja». Pregunta: ¿por qué el gasto público es inflexible a la baja y el gasto privado no? ¿Por qué un trabajador privado tiene que aceptar menores salarios (cuando no queda directamente desempleado), mientras los «ñoquis» y los jubilados de privilegio continúan cobrando ingresos injustificados? La única explicación válida es que los empleados públicos toman edificios públicos, pueden cortar calles y enloquecer el tránsito, movilizarse a Plaza de Mayo. En fin, pueden ejercer la extorsión de la violencia política. El pobre ciudadano, en cambio, no tiene capacidad de protestar y tiene que «tragarse» su empobrecimiento para mantener a los «vivos» que parasitan en el Estado.

Lo que pasó con la experiencia de Ricardo López Murphy es un claro ejemplo de lo afirmado en el párrafo anterior. Más allá de que la baja de gasto público que propuso era insuficiente porque implicaba mantener el déficit fiscal en niveles insostenibles, ¿quién se atrevería a negar que el presupuesto universitario que López Murphy afectaba se destina, al final de toda la ronda de pases de manos y «vueltos», para que los políticos tengan su propia tropa en la universidad? Más allá de que la universidad está para quemarse las pesta-ñas estudiando y no para hacer política, si los políticos quieren tener un comité en la universidad, que lo paguen del dinero que reciben del presupuesto de los partidos políticos que tan generosamente fija el Congreso todos los años.

Sin embargo, cuando López Murphy anunció la baja de gasto público, las calles se llenaron de estudiantes, muchos dirigentes políticos repudiaban el «ataque a la educación», a la igualdad de oportunidades, etc. La principal oposición la tuvo en la propia Alianza, peor aún, dentro del mismo gobierno y los cortes de avenidas tuvieron el apoyo total de la Policía Federal manejada desde el Ministerio del Interior. En realidad, lo único que defienden los progresistas es el gasto político en la universidad, plasmado a través de «ñoquis», estudiantes crónicos y dirigentes que hacen política.

Frente a tamaña «injusticia» y «falta de tacto político» de López Murphy, Cavallo opta por el séptimo impuestazo por un monto de $ 3.100 millones. Total, los ciudadanos no tenemos capacidad de rebelarnos, ni siquiera la mayo-ría puede percibir cómo es que termina pagando el impuestazo a través de menores salarios o directamente con el desempleo. Es mentira que no se puede bajar el gasto público. Los ejemplos abundan.

El fisco (nacional+provincial+municipal) gasta $ 30.000 millones en salarios por año de los cuales, por lo menos 1/4 son exceso de políticos, su amiguismo y clientelismo, o sea, un subsidio al desempleo encubierto. La Presidencia de la Nación gasta $ 800 millones por año sin contar ninguno de sus ministerios. El sistema previsional de reparto tiene un déficit fenomenal de $ 7.000 millones anuales pero paga jubilaciones superiores a los $ 1.000 mensuales que representan un gasto de $ 1.900 millones anuales. Más aún, los sueldos de la mayoría de los empleados públicos no se justifican en función de lo que podrían ganar en el sector privado.

De todas maneras, para ser serios, hay que reconocer que bajar el gasto público de manera grosera, en el corto plazo traería casi la misma recesión que «reventando» a la gente con impuestazos. La gran diferencia es el mediano plazo. Más impuestazos nos sumirán en una depresión económica tan grande y larga que nos llevará al caos económico y financiero que la sociedad no merece sufrir con consecuencias difíciles de predecir hoy. En cambio, bajar el gasto público para ir a déficit fiscal 0 hoy solucionaría simultáneamente el problema fiscal y algo (aunque mucho menos) el de competitividad, abriendo la puerta para una estrategia de crecimiento sostenible basada en el crecimiento de las exportaciones.

Antes de la hiperinflación de fines de los '80 y principios de los '90, casi todos los políticos decían que vender empresas públicas era enajenar el patrimonio nacional. Tanto se lo creían que cuando Rodolfo Terragno quiso introducir capital privado en Aerolíneas Argentinas en 1988, le tiraron un inodoro por la cabeza. Pues bien, vino la hiperinflación, la gente invadía los supermercados para comer, los políticos vieron que su poder desaparecía y de pronto privatizaron todo en dos años. O sea, cuando las «papas quemaron» hicieron algo sensato. ¿Necesitarán un caos similar 10 años después para bajar el gasto público? Ojalá que no.