Falacias sobre la ley Cafiero

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La derogación o reforma de la «ley Cafiero» que Néstor Kirchner le prometió el miércoles pasado a Mauricio Macri, no será un mero trámite para reunir el quórum de votación tanto en el Senado como en Diputados el próximo 15 de agosto, como pareció indicarlo el saldo de esa reunión. La historia de la relación entre la Nación y la Ciudad de Buenos Aires desde 1994 -cuando se consagró la autonomía- ha dejado suficientes huellas y antecedentes como para complicarle el debate a los dos bandos. En el Congreso ayer comenzaron a conocerse las primeras reacciones. Tanto en el Senado como en Diputados existe una decena de proyectos sobre la autonomía. Desde los absolutos, como las propuestas del radicalismo y el ARI hasta otros mucho más graduales. Se sabe que en el Senado Adolfo Rodríguez Saá y el cordobés juecista Carlos Alberto Rossi insistieron en los últimos días en dejar de darle pretexto a los porteños para echarle la culpa a los legisladores del interior por no tener Policía. Proponen avanzar en el debate, pero nada hablan de los fondos necesarios que dan por sentado saldrán de la Nación y no de una nueva redistribución de la coparticipación con las provincias, hoy algo imposible de pensar.

  • Desconocimiento

  • En un año electoral es también difícil que Kirchner ceda los fondos a los porteños. Tanto en ese caso como en el de Diputados, el quórum para votar la promesa a Macri estará garantizado; lo que nadie sabe con precisión es qué se votará. Por lo pronto no será ningún proyecto parecido al presentado a Daniel Filmus por el kirchnerismo en uno de los últimos actos de campaña. El desconocimiento del tema que ayer se detectaba en la mayoría de los legisladores provinciales es tal que pocos hablan de los negocios conexos que deberían ir a la Ciudad como la Administración de Puertos, los Casinos y especialmente los conflictos escalafonarios dentro de la Policía Federal y la Justicia nacional. Si bien los delitos que involucren a funcionarios seguirán siendo investigados en el fuero federal, toda persona que circule por la Ciudad -involucrando en esto a los representantes de todas las áreas de la Administración Pública Nacional- quedará sometida a la Justicia ordinaria que, de traspasarse, dejará de ser «nacional» para quedar bajo la órbita y control del Gobierno porteño, en este caso Macri. Ese dato es uno de los más conflictivos para el gobierno, aunque hasta ahora se haya mantenido el silencio.

    A esa polémica deben sumarse las resistencias internas de la propia Justicia en pasar a depender de la Ciudad cuando ahora tienen independencia a nivel nacional, tanto en el caso de los jueces -que se dividirán entre los fueros que quedarán en un nivel nacional superior y la Justicia civil y penal ordinaria que ya comienzan a sentirse «kelpers» en el Gobierno de la Ciudad.

    La relación entre la Ciudad y el gobierno nacional no ha sido lineal y aunque los avances hacia la autonomía plena nunca pasaron de los papeles, ahora el Congreso deberá analizar cada una de las modificaciones que se fueron haciendo a la «ley Cafiero».

    Por ejemplo, ya un año después de haberse sancionado esa limitación al gobierno comunal, Carlos Menem firmó el decreto 1417, del 9 de diciembre de 1996 que creó una comisión para estudiar una ley que hiciera efectiva la transferencia de la Justicia Nacional Ordinaria a la Ciudad. Se puso a cargo a Elías Jassan, entonces ministro de Justicia. Como con toda comisión oficial, no tuvo ningún avance. El 8 de marzo de 1999, Menem entra en conflicto con la Ciudad cuando restablece por decreto la vigencia de los edictos policiales. Allí, sin intervención previa de fiscales, se ordenaba a la Policía Federal, detener en la Ciudad de Buenos Aires a quien portara ganzúas u otros elementos que hicieran presumir la comisión de un delito, a conductores de vehículos que los prestaran a ladrones, participantes de «reuniones tumultuosas», portadores de armas sin autorización, personas en estado de ebriedad o bajo acción de drogas, quienes realizaran gestos obscenos, oferta de sexo en la vía pública y a los merodeadores reconocidos como delincuentes profesionales.

    El conflicto volvió a estallar. La Asociación de Abogados de Buenos Aires denunció que se avanzaba sobre la autonomía de la Ciudad y la defensora del pueblo Alicia Oliveira le exigió a Fernando de la Rúa que llegara a la Corte si era necesario para pedir la nulidad del decreto. Enrique Mathov, secretario de Gobierno porteño de entonces, descartó que el futuro presidente fuera a tomar una decisión así y hasta consideró que el decreto de Menem respetaba la «ley Lázara», es decir, que sólo podía detenerse a una persona bajo sospecha de hallarse en un acto preparatorio de delito y sin documentación. Hubo tira y afloje y los edictos nunca se aplicaron ampliamente, pero Menem le marcó allí el terreno a los porteños.

  • Abstención policial

    En junio de 1999 se produce otro choque entre la ciudad y la Nación, producto, en gran parte, de la convivencia forzada entre Menem, como presidente de la Nación, y De la Rúa como jefe de Gobierno porteño y candidato a presidente por la Alianza. Miguel Angel Toma, secretario de Seguridad Interior de la Nación, emitió una resolución, la 1082/ 99, por la que ordena a la Policía Federal a no actuar en casos de infracciones al recién aprobado Código de Convivencia Urbana sin una instrucción escrita precisa de los fiscales contravencionales. Rafael Bielsa y Eugenio Zaffaroni fueron los primeros en poner el grito en el cielo, consideraban que la Ciudad quedaría casi sin Policía y en medio del caos. Hasta De la Rúa salió al cruce de Toma: «La resolución es tan absurda que para cumplirla harían falta tantos fiscales como policías en la calle. Le pido que deje de poner trabas en la vida de la Ciudad y asuma una actitud colaborativa». Finalmente, el 25 de julio de 2003 se promulga la ratificación del Congreso al Convenio de Transferencia Progresiva de Competencias Penales de la Justicia nacional al Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que habían firmado Néstor Kirchner y Aníbal Ibarra. En ese convenio parecen las pistas más cercanas de lo que será ahora el debate en el Congreso de la modificación definitiva a la «ley Cafiero» que Kirchner le prometió esta semana a Macri. Si bien sólo se fijó allí la transferencia de ciertos delitos, como la «tenencia y portación de armas de uso civil y su suministro a quien no fuera legítimo usuario» al Fuero Contravencional y de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hay un párrafo en los considerandos que repite la decisión que Macri le arrancó a Kirchner y marca el camino progresivo y no inmediato que con seguridad tendrá ahora la nueva ley: «Es evidente la necesidad de un traspaso progresivo de competencias, que gradúen el cambio de funciones de los diferentes operadores de justicia, a fin de garantizar en el período de transición una administración de justicia que no se vea alterada en su prestación por los cambios». En ese convenio se garantizó, además, algo que hoy es el principal debate en la cuestión de la transferencia de facultades policiales y judiciales a la Ciudad y por el que las provincias se oponen al traspaso de competencias: «la transferencia de las competencias que son objeto de este convenio se deberán acompañar de los recursos pertinentes», dice ese acuerdo, que ahora estará encima de la banca de cada diputado porteño. El problema es que una cosa es hacerlo con montos pequeños, como ese caso, a realizarlo con el presupuesto de buena parte de la Policía Federal y la Justicia.
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