Un proyecto del senador (ex juez) Melchiorre Cirami -aprobado ya por el Senado italiano- será tratado próximamente por la Cámara baja, luego de que sus integrantes regresen de vacaciones. Con altas probabilidades de convertirse en ley. Se trata de conferir la posibilidad de recusación de los jueces penales cuando una persona sujeta a proceso tiene, respecto de cualquier magistrado, una «legítima sospecha» de que -por razones ideológicas- el «juzgador» no es -en realidad- autónomo. Ni imparcial. Ni independiente. La idea es modificar el Código Procesal Penal (arts. 45 y 47) para incorporar a él la recusación por razones ideológicas.
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El tema -controvertido- tiene a la izquierda italiana en pie de guerra. Tanto, que ha convocado a otro «maxigirotondo» (protesta callejera masiva) para el próximo 14 de setiembre. Reiterará así la protesta del mismo tenor del 4 de febrero pasado, realizada frente al Palazzaccio (la sede de la Corte de Casación, en Roma). Como si de la ocupación -masiva e intimidatoria- de las calles y de los gritos pudiera necesariamente emanar la razón. O -peor- la forma de torcer el veredicto de las mayorías, expresado en las urnas.
La aprobación del proyecto por parte del Senado, el 1 de agosto pasado, fue absolutamente patológica. Esto es, caótica. Por las maniobras obstruccionistas. Primero, los legisladores de izquierda trataron de bloquearla proponiendo unas 900 modificaciones al proyecto de Cirami. De ese modo, pretendían que la discusión parlamentaria de la norma se postergase un par de siglos. Derrotada en su intento, abandonó el recinto cuando el proyecto fue votado. Segura, naturalmente, de que al tiempo de tratarla, quedaría en minoría. Una evidencia más de que, después del colapso de sus ideales en 1989, buena parte de la izquierda italiana tiene dificultades de conducta en el marco de la democracia. Por ello Berlusconi sentencia: «Esta izquierda no es todavía democrática». La preocupación apunta a los jueces llamados «rosas», por simpatizar con la izquierda. Ellos son objeto de razonables sospechas de no ser del todo independientes. Por su ideología y, en algunos casos, por su abierta militancia «progresista», que tiñe todo su discurso. En particular, se recela de los tribunales de la ciudad de Milán. El proyecto Cirami incluye -además- la posibilidad de solicitar que un proceso sea «transferido» a otra jurisdicción cuando el «clima» prevaleciente en alguna ciudad sobre la cuestión que está siendo juzgada -por haberse «enrarecido» el ambiente- ponga en peligro el mínimo de imparcialidad y objetividad que debe -siempre- asegurarse a cualquier ciudadano. La posibilidad de recusación operaría cual válvula de seguridad. Cabe apuntar que los medios pueden -a veces- asumir un rol que, por desaprensivo, afecte seriamente ese «clima». De allí que los padres de la iniciativa parlamentaria comentada procuren -con ella- defender la incolumidad de las decisiones y la libertad de determinación que podrían verse cercenadas, autorizando la «transferencia» de la causa a otra sede. Mientras el pedido se decide, los términos procesales se suspenden.
• En juego
La pregunta que aparece es por qué no puede haber «recusación sin causa» de cualquier magistrado, también en sede penal. Lo que está en juego son valores que lucen claramente superiores a la celeridad en la acción. La cual, por lo demás, podría asegurarse con mejores normas procesales. Ausente la posibilidad de recusar sin causa, la propuesta de Cirami parece conceptualmente atractiva. Después de todo, se trata solamente de que otro juez -no «teñido» de sospechas, sean ellas «rosas» o no, siga adelante con el juicio, a cargo del proceso que -naturalmente- no se detiene.
La furia de la izquierda apunta a una circunstancia particular, porque el proyecto en discusión se aplicaría a los procesos en curso. Y ocurre que Silvio Berlusconi está acusado de haber «aceitado» a algún magistrado a mediados de los '80, con motivo de la toma de control del grupo SME, del sector de la alimentación. El premier ha negado siempre esa acusación y sostiene que la Justicia de Milán simplemente quiere «crucificarlo». Por razones ideológicas.
La mera sospecha de que esto pueda efectivamente ser así es muy grave. Por lo que la «transferencia» a otra jurisdicción estaría justificada. (*) Embajador. Ex representante permanente de la República Argentina.
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