La Argentina se está alejando del progreso

Los mercados y analistas importantes no le tuvieron confianza al ministro Machinea y constantemente pedían su alejamiento. Durante su gestión, el riesgopaís se mantuvo en alrededor de 600. Ahora, que tenemos al ministro preferido por los analistas y mercados, el riesgo alcanzó los
1.300, estando estos días por encima de 1.000, como se comprueba en el gráfico adjunto.

No obstante los buenos antecedentes, el actual ministro tomó dos iniciativas que debilitan el encuadre institucional. Primero decidió modificar la Ley de Convertibilidad. Los dirigentes parecen no tomar conciencia de que, lo que más tememos los sufridos súbditos es a sus actos. Como señalo en mi libro «Dolarizar: El Fin de las Monedas Nacionales», la dolarización tiene la enorme ventaja sobre la convertibilidad de preservar mejor la moneda de sus decisiones. Porque la ley puede ser alterada tanto en la relación del peso con el dólar, como en las normas de libertad cambiaria, y en el uso de las reservas de divisas que el Banco Central mantiene como contrapartida.

Hemos padecido demasiadas ocasiones en que «necesidades superiores del Estado» nos despojaron de bienes y activos que eran nuestros. No obstante, el Dr. Cavallo decidió alterar la relación entre las dos unidades de cuenta que empleamos los argentinos, el dólar y el peso. Como lo explico en mi libro, «la sober-bia de modificar la ley reemplazando la unidad de cuenta dólar por una ajena es burlar la inteligencia de la población» (*). A partir de esta iniciativa, queda claro para todos que le ley puede ser modificada nuevamente, con los consiguientes riesgos. Y el mayor riesgo lo estamos pagando con tasas de interés más elevadas y menor valor de las empresas y propiedades. En resumen, menor actividad. Por ello, dolarización significaría mayores ingresos para todos.

La segunda iniciativa fue la de apurar la remoción del presidente del Banco Central. Con ella se confirma la fragilidad institucional de la Argentina. La solemne auto-nomía de la autoridad monetaria puede ser sorteada con el arbitrio de una comisión del Congreso que, sin formular cargos demostrables, ni dar lugar a defensa alguna, recomiende al presidente de la Nación la remoción de sus directivos. Más allá de algunas discrepancias, la gestión del Dr. Pou será recordada como una de las que más contribuyó a la solidez del sistema bancario y a la protección de los depositantes, entre todos los países emergentes. Precisamente, su insistencia en defender la liquidez de los bancos habría apurado su destitución. En esta disputa, nuestros depositantes privados sacaron más de 4.000 millones de dólares del sistema.

En una nación cuyas instituciones tradicionalmente no funcionan satisfactoriamente, los legisladores de la comisión sentencian que Pou no cumplió adecuadamente las suyas, dictamen que el presidente De la Rúa convalida. Me animo a sostener que, juzgado con criterio estricto, ningún otro funcionario del voluminoso Estado argentino lo ha hecho significativamente mejor. Desde lo más alto de cualquiera de los tres poderes del Estado, pasando por los ministerios, salud, policía, educación, asistencia social, AFIP, eficacia del gasto, etc. Con un criterio tan estricto, cada uno de los agentes del Estado estaría incumpliendo sus responsabilidades, incluso los mismos acusadores. Pero ellos siguen en sus puestos.

La constitución de la comisión legislativa de lavado y los usos de la abultada información que ha obtenido representa otro grave peligro para la seguridad de la población. Porque en los estados civilizados sólo es la Justicia la encargada de disponer penas. Otorgar poderes a una comisión especial del Congreso para investigar conductas de personas particulares me parece una grave brecha en el orden institucional y la separación de poderes del Estado. De vuelta, poderes que no desarrollan satisfactoriamente sus obligaciones se ocupan de funciones que no tienen y que les corresponden a otros. Los EE.UU., nación con sólidas instituciones, tuvieron una terrible experiencia con la Comisión de Actividades Antiamericanas, del senador Joseph Mc. Carthy, que enlodó la honra y empeoró la vida de demasiadas personas. Muchas perdieron su trabajo y debieron emigrar. Corremos riesgos similares.

Un Estado que modifica una ley fundamental, como la convertibilidad, que funcionaba satisfactoriamente, arrojando dudas sobre el futuro, y que lastima otra, como la autonomía del Banco Central, desplazando a su mejor exponente, desalienta a los que bregamos por su éxito. Los norteamericanos tienen un dicho: «Si funciona, no lo arregle». En un ambiente en que las instituciones trabajan deficientemente, nos hacemos el daño de socavar dos que se desempeñaban satisfactoriamente. En este contexto, no nos pueden sorprender las mareantes alturas del riesgo-país, la salida de depósitos bancarios, y la paralización de la actividad. Es que gobernar es generar confianza. Construir instituciones que defiendan la propiedad y nuestros derechos individuales. Cuando el piloto detecta un obstáculo imprevisto, corrige el rumbo. De la misma manera, si las determinaciones oficiales resultan en mayor riesgo, se deberían corregir. Ahora nos queda aguardar que el Ejecutivo retire la iniciativa de modificación de la Ley de Convertibilidad o que el Senado la rechace y que el canje de los títulos de la deuda nos abra una esperanza sostenible. Porque encabezar los registros de los estados más riesgosos confirma que, a los ojos del mundo, no somos confiables. No nos creen capaces de resolver nuestras dificultades respetando los derechos ajenos. Probablemente trabajando fuerte para recomponer el funcionamiento eficiente de las instituciones podamos volver al riesgo y a las tasas de Machinea.

(*) «Dolarizar: El Fin de las Monedas Nacionales», páginas 261-262.