La Justicia pone en jaque a Ibarra por los ruidos molestos

La Justicia porteña se apresta a emitir un fallo que podría convertirse en un «leading case» contra los ruidos molestos en la Ciudad de Buenos Aires. Y también en el sustento jurídico que obligue al Gobierno a controlar el cumplimiento de una decena de ordenanzas que hacen a la convivencia urbana.

El caso tiene que ver con la denuncia que realizó una mujer del barrio de Palermo contra un pub de la zona al que acusó de dificultarle el descanso e interferir en su vida cotidiana al realizar y promover actividades musicales nocturnas.

Este tipo de problemas lo sufren cientos de vecinos de barrios residenciales de la Ciudad de Buenos Aires, como Palermo Hollywood, Las Cañitas, Recoleta o San Telmo (entre muchos otros), donde han proliferado un sinnúmero de locales que obtuvieron habilitación como restoranes, pero que al llegar la medianoche se transforman en «boliches bailables». Una actividad que se encuentra expresamente prohibida por el Código de Planeamiento Urbano para esas zonas y cuyo irregular funcionamiento presuntamente es consentido por el Gobierno porteño.

La batalla por la tranquilidad comenzó a principios de año cuando Nunziata Galella, que vive en Carranza al 1700, decidió reclamar por sus derechos ante el propietario de The Glam, Fakin-Bar & Resto por ruidos molestos. Primero lo hizo con gestiones particulares, luego por carta documento y finalmente denunciándolos ante el Gobierno de la Ciudad. Aún así nadie puso coto a la lesión.

La mujer adujo que el bar-restorán «de extraño nombre», comenzó desde hace tiempo a realizar actividades musicales nocturnas, que discurren por los mas variados géneros (aunque casi todos del tipo «pesado») producen una emisión sonora que resulta no sólo audible sino estrictamente insoportable.

Galella reseñó que los su casa se transformó en una extensión del fukin-bar hostigándola, impidiendo su concentración, vulnerando su descanso, y negán-dole la normalidad en su vida social y de relación. «La actividad ilegal del bar sumada a la inoperancia de la administración hacen de mi vida un auténtico calvario», subrayó la denunciante.

Superado todos los pasos posibles la mujer decidió entonces acudir a la Justicia Contencioso Administrativa e imponer un recurso de amparo, para poner fin a la situación.

Efectivamente, el juez actuante Guillermo Pablo Treacy luego de corroborar la denuncia de Galella hizo lugar a la medida cautelar y ordenó al bar que «se abstenga de ejecutar música (ya sea mediante espectáculos en vivo o la reproducción de música sonora) a partir de las 24 hasta su cierre durante todos los días de la semana». Una medida que debía mantenerse hasta tanto se dictara una sentencia definitiva y se encontrara firme. Además, le ordenó al Gobierno de la Ciudad que fiscalice el cumplimiento de la medida judicial.

• Multas

Hasta allí el problema parecía resuelto, y se suponía que Gale-lla iba a recuperar la paz de su hogar. Sin embargo nada de esto sucedió.

«The Glam» -según la Justicia-siguió reproduciendo música más allá de los horarios permitidos y el gobierno no verificó que esto siguiera ocurriendo. En consecuencia, la Justicia decidió penar al propietario del bar con una multa de $ 500 y a la Dirección General de Verificaciones y Habilitaciones del Gobierno por ser solidariamente responsable. Monto que después se elevó a $ 1.000 al detectarse una nueva infracción.

Pero resultó que el pasado 9 agosto se volvió a comprobar que el negocio incumplió la orden judicial, por lo que el magistrado decidió dar intervención a la Justicia Penal, ante la sospecha de que se cometió un delito de acción pública.

«Durante este tiempo lo que pretendimos fue que cesara esta irregularidad. No nos in-teresa que lo clausuren y dejen 20 familias sin trabajo, pero aquí se han incumplido permanentemente», sostuvo a Ambito Financiero Andrés Nápoli, abogado de los demandantes.

Ahora Galella y varios vecinos que adhirieron a la demanda esperan la sentencia definitiva de este caso. Si la Justicia le da la razón se avecina una avalancha de denuncias, no sólo contra ruidos molestos, sino por las decenas de ordenanzas que actualmente el gobierno no hace cumplir. Entre ellas, el expendio de bebidas alcohólicas a menores, el funcionamiento de algunos quioscos convertidos en minisupermercados y hasta la venta ambulante.