Mecanismo simplista que puede resultar peligroso

La historia resulta útil para analizar y comprender el conflicto que se ha planteado entre los poderes Ejecutivo y Legislativo por un lado y Judicial por el otro, a raíz del juicio político para remover a la Corte.

La Corte Suprema de Justicia nacional, fue establecida por Bartolomé Mitre en 1862, una vez reunificado el país después de la batalla de Pavón.

Desde entonces y durante los 85 años siguientes, este tribunal tuvo una estabilidad absoluta. Siempre estuvo integrado por cinco miembros -nunca se aumentó ni disminuyó la cantidad- tampoco en ninguna oportunidad se realizó un juicio político a sus miembros y en ese período todos los reemplazos fueron producidos por fallecimiento o renuncia y cubiertos de acuerdo al procedimiento establecido por la Constitución Nacional de 1853: designación por acuerdo del Senado a propuesta del Poder Ejecutivo.

Durante un cuarto de siglo, de 1904 a 1929, la Corte Suprema tuvo un mismo presidente que fue el prestigioso Dr. Antonio Bermejo, quien designado por Roca en su segundo gobierno, permanece en funciones hasta la segunda presidencia de Yrigoyen cuando fallece. Inclusive hubo un presidente (José Figueroa Alcorta), quien después de dejar la presidencia fue miembro de la Corte y luego sustituyó a Bermejo en la presidencia del tribunal.

La conclusión es clara: cuando la Argentina fue un país exitoso e importante, la Corte Suprema fue el más estable de los tres poderes.

Al comienzo de la primera presidencia de Perón, se rompió la estabilidad institucional de la Corte Suprema. Con mayoría en el Congreso, el oficialismo reemplazó a cuatro de los cinco miembros de la Corte y pasó a tener un tribunal adicto, rompiendo los 85 años de estabilidad institucional que había tenido.

Dado este antecedente, en 1955 el gobierno de facto de la Revolución Libertadora removió la Corte y designó una nueva, alineada políticamente con la nueva administración.

• Un poco de historia

Tres años después, llega Frondizi al gobierno. Con mayoría en el Congreso, aumenta de cinco a siete el número de miembros de la Corte y pasa a tener su control.

En 1966, el gobierno de facto que preside Juan Carlos Onganía, reemplaza la Corte anterior y nombra una nueva de cinco miembros, adicta con la nueva situación. El quinto cambio por razones políticas del máximo Tribunal de Justicia tiene lugar en 1973 cuando llega al poder Héctor J. Cámpora, quien reemplaza la Corte del gobierno de facto y designa una nueva coherente con el gobierno que se inicia.

El sexto cambio total tiene lugar en 1976, cuando se inicia el gobierno de facto conocido como el Proceso y el séptimo es cuando asume Alfonsín en 1983, quien remueve la Corte anterior, designando una nueva alineada con la nueva situación.

Llega Menem en 1989 y con la mayoría en el Congreso, aumenta los miembros del tribunal de cinco a nueve y pasa a tener su control.

El noveno cambio por razones políticas fue en 1993, cuando a raíz del pacto de Olivos, Menem y Alfonsín promueven renuncias en la Corte, la que políticamente queda constituida por cinco «menemistas» y cuatro «alfonsinistas».

El juicio político que se inicia ahora en el Congreso a los miembros de la Corte, sería el décimo cambio del tribunal por razones políticas y procedimientos no normales, que tiene lugar en sólo 56 años.

Mientras en los primeros 85 años de vida institucional el país nunca cambió la Corte, en los 56 años siguientes la habría modificado diez veces.

Pensar que el cambio de los miembros de la Corte en estas circunstancias puede restablecer la institucionalidad del Poder Judicial, es simplista y puede ser peligroso.

Es que el desprestigio del máximo Tribunal de Justicia en la opinión pública, sólo es similar al del mismo Congreso que va a acusarla y juzgarla.

Con una renovación política en el Ejecutivo y el Legislativo que genere un nuevo poder legitimado por la sociedad mediante el sufragio y nuevas reglas electorales, el cambio de la Corte puede ser eficaz para reconstruir la institucionalidad del deteriorado Poder Judicial.

En caso contrario, la Argentina corre el riesgo de sumar una crisis institucional a la política, económica y social que viene sufriendo.