Medios y poder: peligrosa unión

En un trabajo reciente, Guillaume Dasquié («Les nouveaux pouvoirs», Flammarion, 2003) recuerda -una vez más- que no deben perderse nunca de vista las consecuencias de un posible matrimonio, sumamente peligroso para las democracias y las libertades civiles. Aquel que vincula a quienes controlan los medios de comunicación masiva con el poder público. La experiencia argentina reciente sugiere que ese peligro existe en todas partes. También entre nosotros, como ha quedado claro en los últimos tiempos.

Por ello cabe seguir de cerca la evolución de esta cuestión en el país más influyente del mundo, los Estados Unidos. Allí, hace apenas algunas semanas, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) conmovió al mercado local modificando algunas de las barreras a la «concentración» en este tipo de empresas. Las que tratan de limitar las influencias monopólicas, y que el fallo del martes en Filadelfia dejó, por el momento, sin efecto.

Conforme a la ley norteamericana vigente desde 1996, las limitaciones a la propiedad privada de las empresas que controlan los medios de comunicación masiva deben ser «revisadas» por la administración cada dos años. De manera de volver a analizar si ellas, como restricciones a la propiedad que son, continúan siendo necesarias para la defensa del interés público.

Esas limitaciones pueden -además- ser objeto de cuestionamiento ante los tribunales, por un andarivel ciertamente independiente del accionar de la administración: el de las normas que regulan la competencia. En rigor, las pautas administrativas actuales han sido dejadas de lado, por inconstitucionales o irrazonables, por al menos cinco sentencias judiciales diferentes.

La FCC acaba, como hemos dicho, de modificar reglamentariamente algunas de las más importantes limitaciones a la propiedad y el control de los medios de comunicación que estaban vigentes. En dirección a tratar de hacerlas algo más flexibles. Generando -inmediatamente- la reacción adversa del Congreso, que maniobra en procura de mantener las restricciones tradicionales, sin cambios.

La primera de las medidas de la FCC dispuso autorizar a cualquier empresa del sector a controlar hasta 45% de la audiencia televisiva nacional. Hasta ahora, ese «techo» era significativamente menor, de 35% solamente.

Esto porque se entiende que, de lo contrario, las cadenas televisivas «de aire», o sea ABC, CBS, NBC y Fox, seguirán en desventaja respecto de las operaciones «de cable», que tienen acceso a mercados más amplios.

• Legalización

Los hechos, curiosamente, sugieren que dos de ellas, CBS y Fox ya estaban, de hecho, operando algo por encima del tope de 35%, sobre la base de permisos provisorios o precarios. Esta reforma legalizaría, entonces, una realidad.

Una segunda reforma admitió la posibilidad de que una misma empresa pueda ser, al mismo tiempo, propietaria de un diario y de una estación de televisión. Aunque solamente en aquellas ciudades que cuenten con más de tres estaciones de televisión. Excluyendo, entonces, a las medianas y pequeñas ciudades. Para evitar así la difusión, en estos últimos ámbitos, de lo que sería una suerte de peligroso «pensamiento único» de análisis de la realidad y difusión de la información, claro está.

Las reglas específicas en materia de radiodifusión -a diferencia de lo anterior-continuarán sin cambios. Porque hay preocupación compartida por el nivel de concentración ya existente, en un mercado claramente dominado por «Clear Channel». De allí que no se hable de alterar la regla que no permite tener más de ocho estaciones de radio en las grandes ciudades.

Nada de esto parece haber sido del agrado del Congreso, que se ha puesto en marcha para tratar de mantener, sin modificaciones, los límites tradicionales, más estrictos.

En este tira y afloja, el Congreso -preocupado por defender la libertad de opinión- lleva claramente las de ganar. Por esto, la reforma que fue dispuesta por los funcionarios republicanos -que hoy dominan la FCC-, difícilmente sobreviva. La visión prevaleciente en el país del Norte, más allá del propio sector de los medios, parece sentirse más cómoda sin flexibilizar los límites tradicionales, que fueron adoptados en defensa de la libertad de opinión.

(*) Ex representante permanente de la República Argentina ante la ONU.