Polémica familiares-Justicia por secuestros no denunciados

¿Debe la Justicia o la Policía obedecer el pedido de consternados familiares y apartarse de una investigación para que éstos puedan negociar con secuestradores la liberación de su hijo, hermano, padre o madre?

Algunos especialistas en criminología aseguran que ¡Sí! Que esto es posible y que la Justicia debería otorgar, como medida prudente, un plazo de 48 horas para que delincuentes y familiares negocien la libertad de una víctima.

La comunidad judicial dice que ¡No! Que hacerlo significa darles a los delincuentes «área liberada» y una «vil inmunidad» para que otros imiten la modalidad del secuestro extorsivo.

Lo cierto es que el caso de Federico Ariente, el joven secuestrado en Córdoba hace nueve días, generó un conflicto de intereses entre el deseo emocional de los padres y la responsabilidad que tiene el Estado de aplicar la ley.

El empresario Raúl Agustín Ariente reclamó en forma pública que la Policía se aparte del caso de secuestro de su hijo para reanudar las negociaciones con los captores, después de que los uniformados, por orden de la fiscal María Alejandra Hillman, hicieran fracasar el pago del rescate el sábado último.

Ese día, un sorpresivo dispositivo policial impidió que una hermana de Federico entregara a los captores el dinero del rescate en la localidad bonaerense de Moreno, que debía arrojar desde un tren en movimiento.

Ofuscado por la situación, Ariente exigió al jefe de Policía de Córdoba, Jorge Rodríguez, que ordene a su personal -que actuaba de oficio en el secuestro de su hijo Federico-que no interfiera más en los contactos que la familia mantiene con los captores.

Anoche, los familiares procuraban restablecer el diálogo con los raptores. La última vez que escucharon la voz de su hijo fue el viernes pasado, cuando Federico les dijo: «Pagá, papá, porque ya estoy cansado de todo esto, quiero que termine». Pero la llamada no llegaba y el clima de angustia y tensión iba creciendo con el paso de las horas.

• Intereses

«A ellos puede interesarles detener al secuestrador, a mí lo único que me interesa es la vida de mi hijo. Nosotros nunca llamamos a la Policía, nunca pedimos su intervención, por qué no nos dejan en paz», declaró el empresario.

La postura del industrial cordobés es una constante que se repite en 80% de los casos de secuestros extorsivos registrados en los últimos nueve meses en el país.

El sentido común indica que lo que hace el padre del joven secuestrado está dentro de la lógica: pugnar por conservar la vida de su hijo.

«Si hay posibilidades de liberar al joven, la Justicia debería aplicar una especie de medida cautelar y establecer un plazo para que se produzcan la negociación y el acuerdo», le dijo a Ambito Financiero un experimentado investigador. «Lo que no puede hacer es no intervenir, porque se trata de un delito, pero sí puede adoptar mecanismos que conlleven a una resolución», agregó.

Hay quienes sostienen que «si no hubo denuncia, ni la Policía ni la Justicia deben intervenir».

El senador y ex jefe de Gabinete Milton Capitanich, autor de un proyecto de ley para agravar penas por casos de secuestros extorsivos y que siguió de cerca el rapto del hermano de Román Riquelme, asegura que es un dilema de difícil resolución. Y define al «gran problema» en la ausencia de inteligencia sobre las bandas que se dedican a este delito.

Según la opinión del legislador, la Justicia y la Policía deben tutelar la vida humana y, por lo tanto, deben garantizar su preservación.

«Si esto significa no interferir de modo directo, se debe hacer pero los familiares deben contar con todo el apoyo logístico desde la propia Justicia y de las fuerzas de seguridad, para que el episodio pueda ser esclarecido».

El fiscal Raúl Plee sostiene una postura contraria. Afirma que desde el punto de vista legal es imposible paralizar cualquier investigación tendiente a esclarecer un delito y hasta asegura que «no es recomendable» para los casos de secuestro extorsivo.

Entiende que esta situación generaría una especie de área liberada, que permitiría a los delincuentes saber que la Justicia no actúa hasta después de que se produzca la liberación de una víctima.

«¿O acaso creemos que los secuestradores son personas de ley, de honor y que cumplen con sus pactos o acuerdos? Evitar la interferencia en la investigación sería en lo sucesivo darle inmunidad para actuar. Hay que seguir, pero con el mayor sigilo», apuntó Plee.

El fiscal Martín López Perrando sostiene que técnicamente es imposible pedir que la ley no se cumpla.

• Responsabilidad

«Es como pedir a la Policía que deje que se cometa un delito. Y es que el Estado tiene la responsabilidad de hacerse cargo de un conflicto de esta naturaleza.»

Agudo en su apreciación, el fiscal hasta aventuró la posibilidad marcada por la ley de procesar bajo la figura de «testigo reticente» a un padre o familiar que se niegue a brindar información sobre un delito de este tipo.

Aun así, reconoció que también la ley contempla la posibilidad de cometer un delito de estas características por defender un interés mayor que el de la preservación de la vida.

Así, sostiene que existe un punto de inflexión donde la misma Justicia se interroga sobre la forma más conveniente de actuar. «¿Qué hay que hacer? ¿Avanzar con la investigación en perjuicio del secuestrado o dejar que el delito se consume?»

Pero sostiene que, amén de las dudas planteadas, «siempre hay que tener en claro que el fin de la investigación no es evitar que se pague el rescate, sino la vida del secuestrado».

Por eso, refirma su convencimiento de que no se puede obstruir la investigación, cuyas pruebas surgen, en la mayoría de las oportunidades, precisamente de las negociaciones que llevan adelante los secuestradores y los familiares de las víctimas.