Privados contra policía adicional

Las empresas de seguridad privada le pidieron al jefe de Gabinete, Chrystian Colombo, que suprima los servicios adicionales (horas extra) que la Policía y fuerzas de seguridad de todo el país prestan a instituciones privadas.

Aunque no calificaron la actividad de «competencia desleal», los vigiladores privados se ocuparon de demostrar que el Estado pierde de recaudar anualmente $ 32,6 millones en concepto de IVA y 6,5 millones de Impuesto a las Ganancias.

En un minucioso informe, que lleva las firmas de Pablo Fusaro e Iván Miguel Szevajczuk, presidente y tesorero respectivamente, la Cámara Argentina de Empresas de Seguridad e Investigación (CAESI) sostiene que la cantidad de horas extra que realizan las fuerzas de seguridad «registra hoy valores intolerables».

Según señalan, el total de horas mensuales de policía adicional (sin incluir Gendarmería y Prefectura) superó los $ 3,2 millones; se afectó a 16 mil agentes de seguridad y se generó un ingreso mensual de horas adicionales superior a los $ 15,6 millones.

Al respecto, remarcaron que por las horas adicionales las fuerzas de seguridad no efectúan aportes y contribuciones al régimen de la seguridad social. Y que, por pertenecer a un ente público, gozan de exenciones en los impuestos al Valor Agregado (IVA) y a las Ganancias.

«El fisco pierde recursos, situación que no ocurriría si la actividad fuera realizada por empresas privadas. El erario vería incrementados sus recursos por pago de IVA y Ganancias (21% de lo facturado y 35% de las utilidades)», apuntaron.

También subrayaron que estas actividades impiden la «creación de más de 16 mil puestos de trabajo».

«La magnitud de esta actividad significa que la Policía utiliza una cantidad de personal que solucionaría la falta de efectivos que reclaman otras reparticiones. Personal -dicen- que es financiado en lo que hace a remuneraciones, uniformes, armamentos y móviles por toda la comunidad.»

Destacan, además, que entre los 170 mil efectivos que integran las fuerzas de seguridad y policiales, menos de 10 por ciento efectúa servicios de policía adicional, «lo cual plantea una situación de inequidad con respecto al resto de los agentes que no realizan este tipo de servicios y que por ende no ven mejoradas sus bajas remuneraciones».

También le advierten a Colombo que personal retirado de las fuerzas de seguridad y policiales «está efectuando reclamos de carácter previsional con el objeto de lograr la inclusión de las horas adicionales prestadas durante su servicio efectivo en el cómputo de sus haberes jubilatorios, en razón de que los mencionados servicios fueron abonados al margen de todo concepto remuneratorio».

Al acentuar sus críticas, sostienen que la prestación de adicionales contrasta con las reglas de protección a la salud de los agentes que son afectados a tales servicios. Y remarcaron como «frecuentes» las noticias relacionadas con agentes de seguridad que han resultado víctimas de ataques y sustracción de armas con el epílogo, en algunos casos, de la pérdida de la vida «como consecuencia de las desatenciones o descuidos derivados del cansancio, fatiga o sueño originados por excesos en sus jornadas de trabajo» como producto de las horas extra.