Senado aprobaría ley del "2x1" con cambios

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Las bancadas de la Alianza y el PJ en el Senado buscaban anoche acordar las reformas al proyecto que deroga el controvertido sistema de excarcelación anticipada, denominado «2x1». En las negociaciones participaron los partidos provinciales y se esperaba cerrar las discusión con un dictamen a favor de producir modificaciones al proyecto enviado por Diputados.

Fuentes del Senado confiaron anoche que el miércoles de la semana próxima se tratará en el recinto y se votaría en preferencia (es decir, aún sin que el dictamen esté firmado por los legisladores).

El tema fue tratado en la Comisión de Asuntos Penales de la Cámara alta, que preside el radical Jorge Agúndez y la discusión se habría centrado sobre el polémico artículo 9° que da al Consejo de la Magistratura poder para controlar a los jueces con el fin de evitar dilaciones en el trámite de las causas.

Objeciones

Ese artículo fue objetado por la Asociación de Magistrados y por un grupo de jueces federales, y encontró eco favorable en el bloque del PJ y en el de la UCR. Portavoces del Congreso confiaron anoche a Ambito Financiero que el citado artículo «tendría viso de inconstitucionalidad» y dieron casi por hecho su modificación. También se adelantó que, como estrategia, los senadores intentarán sumar la mayoría necesaria para imponer el criterio del Senado por sobre el de Diputados.

«La intención es que la ley salga lo antes posible porque es un reclamo de la gente», dijo un vocero. Agregó que si hay acuerdo de la mayoría de los senadores el dictamen deberá volver a Diputados, donde se tendrán que realizar las modificaciones para su sanción definitiva. Recordó que para que no se produzcan las modificaciones señaladas los diputados necesitarán los dos tercios de la cámara.

La derogación de la controvertida ley del «2x1» fue aprobada por amplia mayoría en la Cámara de Diputados el 14 de marzo pasado, tras un acuerdo celebrado entre el ministro de Justicia,
Jorge de la Rúa; el viceministro Melchor Cruchaga; el presidente de la Cámara, Rafael Pascual; la Alianza, el PJ, los provinciales y el cavallismo.

Revisión

Para vehiculizar este consenso, la Alianza había revisado su posición inicial de proponer una derogación parcial del polémico sistema de cómputo de penas, y la oposición aceptó mantener el resto de los artículos de la ley 24.390, referido a los plazos de duración de la prisión preventiva.

El proyecto votado por los Diputados deroga el sistema de «2x1», mantiene el plazo de dos años y uno de prórroga para que el juez pueda emitir sentencia desde el dictado de la prisión preventiva, y establece un mecanismo de control para evitar la morosidad judicial, este último punto blanco de todos los cuestionamientos.

En este sentido, la iniciativa aprobada en Diputados estableció que el Consejo de la Magistratura tendría que recibir un informe de cada juez con la explicación de los motivos por los cuales no emitió sentencia tras haber pasado dos años de prisión preventiva, y deberá llevar un minucioso registro de los procesados. Esta disposición movilizó a la Asociación de Magistrados (AM) que planteó ante la Comisión de Asuntos Penales del Senado su oposición.

Atribuciones

Según entienden los jueces el artículo 9° viola las atribuciones de los jueces y aumenta el poder del Consejo de la Magistratura al otorgarse atribuciones para «el control del contenido y fundamentos de la decisión judicial».

Los magistrados objetan el hecho de tener que dar cuenta de sus actos al Consejo en el caso de que un procesado permanezca por el lapso de dos años con prisión y sin sentencia.

«El informe que se requiere sobre las razones por las que no se habría dictado sentencia en una causa o sobre los fundamentos de una decisión liberatoria de un procesado implica interferir de manera inadecuada en la actividad jurisdiccional», argumenta la Asociación que preside el juez
Juan Fernández Madrid.

«El mal desempeño de los órganos jurisdiccionales debe ser evaluado por las vías legalmente previstas y no mediante un sistema que propugna vigilar determinados actos judiciales», expusieron los magistrados en su objeción al proyecto. Y sostienen que «amenaza la independencia de la Justicia».

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