Senado trata débil ley contra secuestros

El Senado -si no hay sorpresas- aprobará hoy un débil proyecto de ley antisecuestro que fue elaborado el año pasado por un «consejo de notables» creado por el gobierno y que fue encabezado por León Arslanian.

Pero a contramarcha de la realidad, los senadores no legislarán para aumentar las penas para estos delitos. Ese aspecto quedará pendiente para una nueva sesión y después de que sea debatido en Diputados.

En realidad, es una iniciativa que tienen en su poder desde hace seis meses, por la cual se impulsa la reforma del Código Penal con la incorporación de algunas figuras, que despiertan cierto cuestionamiento.

• Postergación

Quedará para otro momento el aumento de penas para los secuestradores, impulsado desde hace tiempo por el senador Jorge Milton Capitanich. Esa iniciativa preveía elevar de 10 a 25 años el castigo por este delito y la pena de reclusión y prisión perpetua para los casos de secuestros extorsivos seguidos de muerte.

No habrá medidas audaces, si -por caso- se las compara con las que implementó José María Aznar en España cuando se disparó el índice delictivo hace pocos meses.

No habrá juicios rápidos, ni más policías, ni mayor presupuesto para seguridad. Salvo algunas propuestas, las de aquí son medidas cosméticas para atacar un problema que es grave. Por caso, se les da:

• Mayor poder para los fiscales para que éstos, a igual que los jueces, puedan investigar y ordenar detenciones, como funciona en la provincia de Buenos Aires y que ha traído innumerables complicaciones en esa jurisdicción.

• La extensión de las jurisdicciones para que los jueces puedan actuar en cualquier parte del territorio, es decir, con competencia federal.

• La creación de una unidad de inteligencia criminal. Esto es una red de información que les permita a la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura y otras fuerzas de seguridad intercambiar información. Es la idea más novedosa, pero que en realidad en los hechos ya funciona con acuerdo entre las propias fuerzas e inclusive participa la SIDE. Uno de los pocos aspectos interesantes es que también se prevé que la Policía pueda interrogar a un detenido para obtener el paradero de una víctima.

• La incorporación de la figura del «arrepentido» que ya existe para los casos de narcotráfico y de terrorismo, para los casos de secuestros y la privación ilegítima de la libertad. Esta propuesta ya tiene media sanción en Diputados. Esta iniciativa prevé una reducción de penas para un delincuente que brinde información que permita la liberación de la víctima. No tiene alcance para el jefe de la banda.

• La institución de la figura de la recompensa para los que aporten datos que permitan desbaratar una organización delictiva o liberar a un secuestrado.

• La incorporación del «agente encubierto» para que las fuerzas de seguridad puedan infiltrar a sus efectivos en las bandas. El proyecto aún conserva la pomposa carátula que le imprimió Arslanian: Plan Nacional de Prevención del Delito y Secuestros, pero, en realidad, es un resumen de distintos proyectos de ley que se trabajaron durante 2002.

Y para sorpresas de muchos, lo que en principio eran proyectos que tendían a agravar las penas contra delitos graves y adecuados al grave momento de inseguridad que se vive desde hace tres años, terminó siendo un esbozo de buenas intenciones. Contienen apartados muy flexibles que difícilmente pongan un freno al aumento de los secuestros extorsivos y al asesinato casi diario de policías.

• Conexiones

Por caso, y como justificación del imperio de la violencia que se padece y que pone a la Argentina en los niveles de países como Colombia o México, esta comisión sostiene que «existe una notable conexión entre la caída del salario, la inequidad en la distribución del ingreso y el incremento del delito contra la propiedad».

Es decir, le adjudica a la situación social el problema. Sin embargo, no contempla que la violencia instalada es producto de la ausencia de una política de estado en materia de seguridad que posibilita la anarquía y desarrollo de la delincuencia como grupos organizados y de poder.

En síntesis, lo que propone la comisión de Arslanian -que prometió tener el proyecto terminado en 15 días y demoró más de 30- es sólo una mera reforma del Código Penal que no alcanza para estos tiempos violentos.