Para los latinoamericanos no debería ser una sorpresa la venganza política ejercida sobre quienes abandonan el poder o son derrocados. La suerte de presidentes constitucionales como el chileno Ibáñez del Campo, el brasileño Getulio Vargas (se suicidó) o el recientemente fallecido peruano Víctor Manuel Haya de la Torre son algunos de esos ejemplos. Tampoco para los argentinos, que acreditan en su historia un manifiesto canibalismo político hacia quienes ejercieron la primera magistratura y, curiosamente, todos con parecidos argumentos.
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Comenzando en el siglo pasado con el morocho Bernardino Rivadavia, quien fue perseguido, difamado y que permaneció expatriado durante sus 18 años de exilio. Parecido a lo que le terminó pasando al vencedor de Juan Manuel de Rosas en Caseros, el entrerriano Justo José de Urquiza, promotor de la primera Constitución aprobada en 1853. Fue difamado y terminó guareciéndose en su provincia, hasta donde llegó el largo brazo de quienes lo asesinaron a balazos, en el ahora visitado como lugar histórico y turístico Palacio San José, en medio de la nada y cerca de Concepción del Uruguay.
Yrigoyen
El otro gran perseguido, al punto de que la chusma terminó asaltando su casa y arrojados por las ventanas sus muebles, fue uno de los fundadores de la Unión Cívica, más tarde devenida en radical: Hipólito Yrigoyen, «el Peludo» le llamaban, por su carácter introvertido y lenguaje incomprensible. Hoy es un prócer radical, pero en su tiempo fue difamado a través de la prensa y derrocado en su segundo mandato como presidente (1916-'22/1928-'30) por una camarilla cívico-militar-estudiantil y terminó preso en la isla Martín García. Fue perseguido y preso por la dictadura de Uriburu y posteriormente por el gobierno constitucional de otro militar iluminado de entonces, Agustín P. Justo.
A Roberto M. Ortiz también le tocó a su hora y fue públicamente difamado. Si no hubiera ocurrido su prematura muerte, habría continuado la persecución por la venta de las tierras de El Palomar. Allí y en las adyacencias donde hoy se levanta el Colegio Militar de la Nación. Otro fue Ramón Santiago Castillo, duramente atacado por la prensa opositora a su gestión. Terminó derrocado por una patota militar en 1943 encabezada por el general Pablo Ramírez.
Juan Domingo Perón fue un caso paradigmático, porque asumió la primera magistratura en 1946, fue reelecto en 1952, terminó derrocado por la Revolución Libertadora en 1955 y terminó exiliándose en una primer etapa al Paraguay. Una revolución que lo degradó de su grado de general después de instruirle escabrosas causas judiciales y se prohibió a la prensa nombrarlo, ni a él ni a sus seguidores. Era «el tirano prófugo». En 1973, 18 años después, fue electo por tercera vez presidente, y se le devolvió el grado de teniente general, uniforme con el que al morir lo velaron un año después, en 1974 en el Congreso, mientras su tercera esposa asumía como vicepresidente de la Nación, María Estela Martínez. Perón fue perseguido en Paraguay, Panamá, Venezuela y la República Dominicana. En 1958 el gobierno argentino de otro militar que terminó asesinado en 1970, Pedro Eugenio Aramburu, rompió relaciones con Santo Domingo porque el presidente de ese país, Leónidas Trujillo, había asilado a Perón. En el año 1964 intentó regresar desde España, y el gobierno dictatorial brasileño del mariscal Humberto de Alencar Castelo Branco, en acuerdo con Buenos Aires, le impidió continuar, regresándolo a Madrid.
Antes, en 1958 y con el voto peronista, llega a la Casa Rosada Arturo Frondizi. Lo acusaron de corrupto y hasta 1962, cuando fue derrocado, sufrió 36 planteos y conatos rebeldes militares, con el apoyo de dirigentes políticos. Casi dos años estuvo preso en Martín García y en Neuquén, con causas judiciales urdidas en su contra. Treinta años después y ya muerto se elogia su gestión.
En 1963 y con el peronismo todavía proscripto, fue electo el radical Arturo Umberto Illia, un médico cordobés descendiente de las huestes de otro radical ilustre de esa provincia: Amadeo Sabattini. En 1966 y después de una dura campaña de prensa en su contra, fue derrocado y lo echaron de la Casa Rosada otra patota cívico-militar.
En 1973, y antes de la llegada de Juan Domingo Perón a Buenos Aires, los argentinos por abrumadora mayoría eligieron al peronista Héctor José Cámpora, que terminó renunciando a los pocos meses para habilitar la elección de Perón. Cámpora terminó exiliado en la Embajada de México y más tarde confinado en ese país, donde murió varios años después.
Más tarde, en 1976, le tocó el turno a la mujer de Perón, María Estela Martínez. Fue derrocada por un golpe militar que la mantuvo varios años presa y terminó exiliada en España, donde aún vive.
El último presidente constitucional detenido es Carlos Saúl Menem. Electo democráticamente en dos oportunidades (1989-'95 y 1995-'99), debió asumir su primera presidencia 5 meses antes. Como a la mayor parte de sus antecesores en gobiernos constitucionales -no ocurrió con Raúl Alfonsín (1983-'89)-, se lo terminó juzgando en causas judiciales donde se cuestionan decisiones políticas tomadas durante su gestión. ¿Será la última?
