Ya trece provincias sufren protestas sociolaborales

Por lo bajo o a boca de jarro, los gobernadores volvieron a reclamar ayuda financiera nacional para hacer frente a una nueva escalada de reclamos salariales que ya afecta al menos a medio país.

Uno de ellos fue el bonaerense Felipe Solá, quien dejó abierta la posibilidad de otorgar un incremento sólo en el caso de que haya «alguna ayuda financiera de la Nación».

El posicionamiento de Solá se da en el marco de la negociación que lleva con estatales, ante quienes aseguró que no habrá este año ascensos masivos en la provincia, sobre la cual sobrevuela la real amenaza de cerrar 2006 con déficit fiscal. Los gremios no descartan anunciar nuevas medidas de fuerza. Quien también dice esperar una «ayuda nacional» para subir salarios es el correntino radical Arturo Colombi. «El Estado no puede cambiar obras públicas por salarios», advirtió además.

Se trata de una medida que, en rigor, no descartan otros mandatarios, como el cordobés José Manuel de la Sota (PJ), quien además dijo que le parece «lógico y justo» que los aumentos salariales de los estatalesquede subordinados al ritmo de la inflación.

Las protestas se agravaron en los últimos días por la concesión con la que Néstor Kirchner halagó al titular de la CGT, Hugo Moyano, al anunciar un aumento en el salario mínimo, vital y móvil.

Previsiblemente, la medida generó un efecto cascada en el interior del país, donde los gremios locales comenzaron a exigirles a los gobernadores un beneficio similar. Bien lo sabe, por caso, el entrerriano Jorge Busti, quien oficializó esta semana que en la provincia desde setiembre el sueldo mínimo garantizado será de 800 pesos.

La nueva catarata de protestas cobra especial relevancia si se tiene en cuenta que hoy los mandatarios destinan más de la mitad del presupuesto al pago de salarios, y que la mayor parte de los distritos debe cumplir con los preceptos de la Ley de Responsabilidad Fiscal, que desde enero de 2005 pone un cepo al gasto y al endeudamiento de las arcas del interior.

Pero este escenario se agrava además por el aroma electoral que ya tiñe el aire de las provincias. Con los comicios 2007 en puerta,los gobernadores intentan alejar la postal de los paros estatales, poco conveniente para tiempos de cuarto oscuro. Conscientes de este escenario, por su parte, los gremios especulan con exprimir al máximo los bolsillos de los mandatarios. Por eso los funcionarios intentan demorar al máximo los tiempos de las concesiones que, saben, en algún momento deberán destrabar.

Un sondeo realizado ayer por Ambito Nacional muestra una serie de medidas de fuerza o amenaza de paros de estatales, docentes, judiciales y trabajadores de la salud, que afecta con dispar impacto a, entre otros distritos, Buenos Aires, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, Misiones, Río Negro, Santa Cruz, Santa Fe y Tierra del Fuego.

Uno de los escenarios más graves se vive en Córdoba, donde rige una conciliación obligatoria en la cual De la Sota intenta cerrar una trabajosa negociación.

En tierras mediterráneas el conflicto se ve agravado por el enfriamiento en la relación del gobernador con Kirchner, en el marco de la falta de acuerdo en materia de candidaturas 2007.