Qué cambia con la nueva reglamentación
La resolución de la UIF establece un criterio basado en el riesgo. La adhesión al régimen simplificado es un antecedente favorable, pero no reemplaza los controles ni la obligación de informar operaciones sospechosas.
También incorpora una debida diligencia simplificada especial para operaciones de hasta $100 millones anuales, vinculada al monto de evasión simple. Para clientes adheridos, con actividad e historia patrimonial coherentes, el análisis puede ser más sencillo, aunque los sujetos obligados deben verificar que los fondos no tengan origen ilícito.
Domínguez ejemplificó con una persona de 18 años que deposita $90 millones sin registrar actividad económica que justifique ese patrimonio. La adhesión al régimen no alcanza para despejar las dudas. Distinto sería el caso de un contribuyente con trayectoria e ingresos compatibles con sus movimientos.
Los umbrales que deben tenerse en cuenta son:
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Hasta $100 millones por año: puede aplicarse la debida diligencia simplificada especial para determinados clientes adheridos al régimen. El sujeto obligado debe analizar el perfil y descartar indicios de operaciones ilícitas.
Hasta 700 salarios mínimos: el escribano no tiene obligación de solicitar documentación sobre el origen de los fondos por ese concepto. Este límite ya existía y no fue modificado.
Por encima de 700 salarios mínimos: el escribano debe analizar y documentar el origen del dinero. La adhesión al régimen simplificado es un antecedente favorable, pero puede solicitar documentación adicional.
La diferencia es importante: los $100 millones tienen especial incidencia en los controles de bancos y ALyC, mientras que los 700 salarios mínimos determinan la obligación del escribano en una compraventa inmobiliaria.
Cómo conviene pagar una propiedad
Para quienes buscan utilizar sus ahorros en la compra de una vivienda, Domínguez recomendó prestar atención a la forma y al momento del pago.
En las operaciones por debajo del umbral de 700 salarios mínimos, aconsejó que una alternativa es entregar el dinero en efectivo durante la escritura pública. En ese escenario, no resulta necesario bancarizar previamente los fondos en una cuenta del comprador ni transferirlos a una del vendedor.
La firma de una compraventa inmobiliaria. La nueva reglamentación de Inocencia Fiscal abre una vía para que quienes tienen ahorros debajo del colchón puedan destinarlos a la compra de una propiedad
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La escritura debe dejar constancia de que el pago se realiza en ese momento. Es diferente declarar que el dinero se entrega durante el acto de escrituración a consignar que el importe ya fue abonado con anterioridad.
Si el valor de la propiedad supera los 700 salarios mínimos, el escribano debe cumplir con el análisis del origen de los fondos. La adhesión al régimen simplificado juega a favor del comprador, pero no impide que solicite otros elementos para respaldar la operación.
“Por encima de los 700 salarios mínimos, el escribano debe considerar la adhesión como un antecedente favorable, pero puede pedir otra documentación sobre el origen de los fondos”, añadió Domínguez.
La recomendación es consultar con el escribano antes de avanzar con una reserva o firmar un boleto, revisar el monto de la operación y documentar correctamente la forma de pago.
Los controles que siguen vigentes
La flexibilización de la UIF no modifica las obligaciones tributarias ni implica que ARCA (Agencia de Recaudación y Control Aduanero) deje de controlar la situación fiscal de los contribuyentes. Son dos planos distintos: la UIF establece pautas para prevenir el lavado de activos, mientras que las obligaciones impositivas dependen de la legislación tributaria y de la reglamentación de Inocencia Fiscal.
Domínguez advirtió que adherirse al régimen simplificado no alcanza por sí solo para conservar sus beneficios. Para el período fiscal 2026, la declaración jurada de Ganancias se presentará en 2027 y deberá mantener coherencia con la información patrimonial y los movimientos del contribuyente.
Uno de los riesgos es que exista una discrepancia significativa entre lo declarado y lo que determine el organismo recaudador. La normativa contempla mecanismos y plazos para regularizar diferencias, aunque su aplicación depende de cada caso.
El especialista tributario explicó que, bajo ciertos supuestos, existe un plazo de 15 días después de una determinación de oficio para regularizar la situación. También aclaró que una diferencia superior al 15% no necesariamente implica perder los beneficios si el ajuste fiscal no supera el umbral correspondiente. Para 2025, ese monto era de $5 millones; para 2026, dependerá del 5% del monto de punibilidad previsto para la evasión simple, que tendrá una modificación en 2027.
Además, sigue vigente la obligación de presentar un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) cuando existan indicios de ilicitud o movimientos que puedan representar un intento de eludir los controles mediante el fraccionamiento de operaciones.
La UIF fundamentó los cambios en un enfoque basado en el riesgo y en criterios de proporcionalidad, en línea con los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organismo que establece recomendaciones para prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Domínguez advirtió que una flexibilización excesiva podría generar cuestionamientos en las evaluaciones internacionales sobre el sistema argentino.
En términos prácticos, resumió las recomendaciones para quienes buscan utilizar sus ahorros en una compraventa:
1- Adherirse al régimen simplificado de Ganancias, si se cumplen las condiciones previstas.
2- Revisar el valor de la operación y determinar qué controles corresponden según el umbral aplicable.
3- Si se realiza el pago en efectivo durante la escritura, dejar constancia de que el dinero se entrega en ese acto.
4- Presentar la declaración jurada de Ganancias del período fiscal correspondiente y evitar discrepancias significativas que puedan comprometer los beneficios.
Qué propiedades podrían generar compradores
La posibilidad de utilizar ahorros que permanecían fuera del circuito formal podría acercar nuevamente al mercado a compradores que se habían volcado hacia otras alternativas de inversión.
Marta Liotto, presidenta del Colegio Inmobiliario porteño y del Consejo Federal de Colegios Inmobiliarios de Argentina (COFECI), consideró que podrían reactivarse operaciones de primera vivienda, cambios de propiedad e inversiones para obtener una renta.
Un departamento de dos ambientes. La decisión de compra dependerá del precio, la ubicación y las perspectivas de valorización o rentabilidad
Grupo Zeta
En cuanto al tipo de inmuebles, Liotto identificó oportunidades principalmente en departamentos usados de uno y dos ambientes. Son unidades que pueden resultar atractivas tanto para quienes buscan su primera vivienda como para inversores que priorizan un desembolso menor y la posibilidad de obtener ingresos por alquiler. En la Argentina existe una cultura de ahorro en dólares y la propiedad conserva un lugar importante como destino de esos recursos: “El ladrillo no traiciona”.
Los departamentos en pozo también podrían captar parte de esa demanda, aunque la titular del Colegio Inmobiliario porteño recomendó revisar los antecedentes del desarrollador y las características del proyecto. Es importante verificar quién construye, qué producto ofrece y cuáles son las condiciones de entrega. La confianza y la seguridad jurídica resultan centrales antes de comprometer los ahorros.
Liotto consideró que "la flexibilización puede acercar nuevamente a compradores que se habían alejado del mercado por otras alternativas de inversión. También podría permitir que vuelvan a negociarse operaciones que quedaron demoradas por las dificultades para justificar el origen de los fondos. La expectativa incluye tanto a quienes buscan una primera vivienda como a familias que necesitan cambiar de propiedad e inversores interesados en generar renta".
La dirigente no espera un crecimiento exponencial e inmediato, pero sí una ampliación del universo de compradores. Para que los dólares se transformen en operaciones concretas, advirtió, hacen falta reglas claras, estabilidad económica y continuidad en las políticas.
Las inmobiliarias tendrán un papel importante en esta etapa: deberán asesorar a los interesados, explicar los requisitos de cada operación y transmitir confianza. Para Liotto, la posibilidad de movilizar esos ahorros puede generar actividad y oportunidades para el sector, pero necesita un marco previsible. Concluyó: “Es importante que existan reglas claras, seguridad jurídica, confianza y previsibilidad. El mercado inmobiliario puede movilizar esos ahorros hacia la inversión y la producción, pero necesitamos señales de estabilidad económica y financiera”.