Charlas de quincho

Secciones Especiales

Mientras se sigue extendiendo la cuarentena, se conoció el escándalo nuestro de cada semana (tal vez para enmascarar la nueva prórroga de la restricción), que esta vez tuvo como eje al Mercosur, y una confusa definición de la Argentina. La conmoción disimuló otra serie de cuestiones que incluyen el creciente malestar empresario, las internas en el oficialismo y la oposición; el dictamen de la Suprema Corte sobre la eventual operatoria virtual del Senado de la Nación; el escaso/nulo resultado hasta ahora en la negociación con el FMI, y hasta una nueva propuesta de Impuesto a la Riqueza que, sorprendentemente, esta vez es presentada por legisladores del PRO. Todo esto en medio de cada vez más reuniones virtuales, que además del homework, los directorios de empresas y hasta buena parte de los ministerios que optaron por el trabajo “virtual”, comenzó a incluir también a los artistas, que se van sumando a la movida. Veamos:

La llamativa e inesperada postura de la Argentina, en apariencia relativizando ahora las nuevas negociaciones multilaterales que pueda encarar el Mercosur (aunque mantiene lo ya acordado, incluso con la Unión Europea), cayó como un balde agua fría en el sector empresario, que tiene muy claro que solo con el mercado interno no se va a ir demasiado lejos, y menos aún con la recesión que promete dejar como secuela la pandemia. Los varios sectores políticos, por su parte, vieron en esto la continuidad de las recientes declaraciones en el seno del Grupo de Puebla, que se formó hace menos de un año, y que también alejan a la Argentina de sus vecinos y socios en el Mercosur. En todo caso, tanto los hombres de empresa, como los de la política (varios del propio partido oficial), salieron a objetar fuertemente la postura, aunque pocos (o ninguno) tienen muy claro el alcance de la cuestión, o si el Ejecutivo puede tomar tal decisión sin participación del Congreso. Por supuesto que uno de los argumentos más escuchados fue que Brasil es desde hace tiempo, el principal cliente de la Argentina. Tal fue el revuelo que hasta la esquiva Mesa de Enlace Agropecuaria (la Rural, CRA, Federación Agraria y Coninagro), que hace tiempo que viene con fuertes disensos en su seno, se unificó inmediatamente y sacó un comunicado en el que manifiestan “preocupación” por la suspensión de las nuevas negociaciones, por la decisión unilateral de la Argentina, y por lo que sería un retroceso en la “tendencia de apertura de nuestra economía”. El hecho no es menor cuando se trata de un vecino. Por citar solo un caso, recientemente se pidió al canciller Felipe Solá, que gestione ante Itamaraty la apertura de compuertas de las represas aguas arriba del Paraná, cuyo cause en la actualidad es uno de los más bajos en 50 años, a causa de la prolongada sequía que asoló a toda esa región. “El tema, ahora, tendrá seguramente menos posibilidades de resolverse en forma positiva para Argentina, y no solo por la falta de agua que también padecen los estados del sur brasileño y que le impiden hasta generar energía”, comentaba un ex alto funcionario del Palacio San Martín.

La brutal caída de la demanda (externa y local), y los costos crecientes a causa de la inflación, también forman parte del abanico de temas abordados en forma recurrente en las mesas virtuales. De hecho, esta extraordinaria bajante del Paraná está teniendo derivaciones insospechadas. Por un lado, según un estudio de la Bolsa de Comercio de Rosario, la falta de completamiento en la carga de los buques de exportación, por el escaso calado en el que quedó el canal de la Hidrovía, ya representa una pérdida de alrededor de u$s250 millones para el complejo agroindustrial, solo en este primer cuatrimestre del año, debido a los mayores costos y las complicaciones logísticas de completar carga en puertos de mar. Se destaca, además, que ante las perspectivas de menos lluvias aún durante el invierno, la situación se podría agravar dejando al río (fuera del Canal) por debajo de los 40 centímetros. Pero otro dato no menor, y que también vino a complicar adicionalmente a la ministra de Seguridad, Sabrina Frederic, son los desmanes que se están dando a lo largo del cauce por excesos de supuestos pescadores que hasta obligaron a la intervención de la Gendarmería y de algunos gobernadores, como Omar Perotti de Santa Fe. “Es como cazar en el zoológico”, informan los lugareños alarmados porque, en los “pozos” y hondonadas que va dejando la bajante, quedan atrapados cardúmenes enteros que directamente son rodeados con mallas, para después recoger las piezas gradualmente, diezmando el recurso que apenas comenzaba a recuperarse. Esto ocurre, por ejemplo, en el norte de Santa Fe, con epicentro en Reconquista, donde cuerpos especiales como Los Pumas y las guardias rurales, enviados desde la Capital, debieron encarar los procedimientos donde se comprobó que ni los yacarés se salvan (por el cuero), y que los pseudos pescadores serían dirigidos por un funcionario de la propia municipalidad. Pero no es el único caso y ahora se pide directamente la prohibición total de la pesca, al menos hasta que el río recupere su nivel.

El otro asunto que también quedó “tapado” por el nuevo escándalo fue el de los “sobreprecios” en las compras oficiales, tema urticante por las sospechas de corrupción que sobrevuelan siempre a estas operaciones. Sin embargo, y sin abrir juicio de valor sobre este hecho en particular que involucró al ministro de Desarrollo Social, lo que pocos mencionan es que las ventas al Gobierno argentino tuvieron históricamente sobreprecios, los cuales tienen algunos justificativos bastante atendibles. “Primero, que no son ajustables (se hacen en pesos fijos), hay mucho riesgo de cobro, y hay que incluir la incertidumbre por el valor del dólar, y los niveles de inflación”, reconocía un empresario con alguna experiencia al respecto, al justificar la escasa participación directa de las empresas productoras en este tipo de operaciones que, en general, terminan afrontando grupos muy “especializados”. Ahora, a pesar que Alberto Fernández conoce el tema por su experiencia previa en otros gobiernos, igual intentó dar señales en contrario al reunirse con un par de dueños de alimentarias argentinas, aparentemente con resultado dispar (el Ejecutivo busca dar transparencia y precio a las compras públicas), “regularizaron las cuentas” pendientes con varios grupos, y el tema también se habría derivado hacia las cámaras que nuclean a las industrias, en especial, las alimenticias que, junto con las sanitarias son las de mayor demanda en esta crisis. Según los rumores, la cuestión causó malestar en varias de ellas, ya que lo consideran un “brete” del Gobierno, del cual no tienen muy claro cómo pueden zafar y que se agrega a las variadas presiones por los precios “cuidados” que están teniendo varias de ellas y que ya derivaron en una serie de acciones “disuasorias”, como las integrales (impositivas) que estarían afrontando varias que son fabricantes de masivos, considerados cabeza de mercado. Lo cierto es que por la suspensión (¿temporaria?) de las compras públicas, sumadas al final del efecto “freezer” (que habría justificado el estoqueo de productos por temor al desabastecimiento en la segunda quincena de marzo), se estaría percibiendo ahora una inversión en la curva de demanda de muchos masivos, que también preocupa a los industriales y productores. Ahora, sumado el frente externo (Mercosur), y el sesgo proteccionista que comienzan a adoptar algunos países con miras a la generalmente maltratada “seguridad alimentaria”, no son pocos los que ven en las compras públicas (locales y del exterior), una de las pocas alternativas para atravesar la recesión que parece estar cada vez más cerca.

“No se gana para sustos... ¿cómo va a ser la Argentina más competitiva si cada vez nos ponen más impuestos’”, destacaba un dirigente en referencia a la sorpresa que causó en algunos ámbitos el nuevo proyecto de Impuesto a la Riqueza que se sumaría al de Heller- Máximo Kirchner, del FpV. La diferencia es que este pone un “piso” mucho más bajo para la recaudación, ya que la ubica en apenas $200 millones (doscientos millones de “pesos”), y pretende imponer “por única vez” una tasa de 2,5% para una “inversión patriótica” con fines productivos a los patrimonios que superen esa cifra, según informó mediante un comunicado, el Grupo PRO del senado desconociendo, obviamente, lo que significa en la Argentina “por única vez”, y que ese patrimonio alcanza a buena parte de las propias empresas que hoy aparecen más complicadas por la pandemia. También en el sector petrolero, en especial entre los gobernadores, parece haber poco sentido práctico ya que la crisis provocada por el derrumbe de la demanda y, por ende, de los precios de los combustibles, los lleva a insistir con el “barril criollo”, eufemismo para enmascarar un subsidio que imponga un precio sostén interno totalmente alejado del internacional. Lo que no parecen tener en cuenta es que, por un lado, directamente ahora “no hay” demanda y, en este caso, tampoco hay un sector en condiciones de bancar esa transferencia de recursos por la cual varias gobernaciones pudieron vivir casi exclusivamente de regalías. Como si fuera poco, el efecto cascada sobre los precios que tiene el petróleo (como costo de producción y por la incidencia del transporte de bienes) determina que difícilmente el Poder Ejecutivo dé el paso de convalidar más de 40 dólares por barril que hoy se ubica internacionalmente por debajo de la mitad. “Es más lógico subsidiar en forma explícita la totalidad de la masa salarial, ayudar a las empresas viables y reconvertir al resto, dejando que el petróleo se alinee al precio internacional. Eso implica menos plata y permitiría abaratar además, los costos de transporte”, señalaba un analista.

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