Santa Fe frente a la crisis de los basurales: 400 focos activos y un desafío que no espera

La provincia concentra cerca de 400 basurales a cielo abierto, 70 de ellos con riesgo hídrico o vial. Aunque el 80% de la población dispone sus residuos en rellenos sanitarios autorizados, las localidades pequeñas siguen sin infraestructura.

Santa Fe enfrenta una crisis de basurales.

Santa Fe enfrenta una de las situaciones más críticas en materia de gestión de residuos del país. Según datos aportados por la Cámara Argentina de Tratadores y Transportistas de Residuos Industriales y Especiales Catries, en base a información provista por el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático, existen cerca de 400 basurales a cielo abierto activos, de los cuales 70 presentan riesgo hídrico o vial, lo que los ubica entre los más urgentes a cerrar. Entre ellos se encuentra el basural histórico de San José del Rincón, un caso emblemático por su extensión, antigüedad y cercanía a áreas residenciales.

Para Claudia Kalinec, presidenta de Catries, la situación santafesina es una alarma nítida: “Lo que sucede en Santa Fe muestra con crudeza lo que pasa en gran parte del país, demasiados basurales activos, poca infraestructura en los municipios pequeños y un sistema de gestión que necesita una actualización urgente. No es un problema inevitable, es un problema de decisión y de inversión”, afirmó.

En la provincia, donde opera buena parte de la industria del tratamiento de residuos del país, la Cámara busca reflejar la necesidad de planificar con visión regional, fortalecer los controles, ampliar la capacidad de disposición final y acompañar con educación ambiental para que cada vez más actores de la cadena industrial y productiva tomen conciencia de la importancia de gestionar de forma responsable.

Claudia Kalinec, presidenta de Catries.

Un mapa desigual para un problema estructural

Si bien Santa Fe tiene tres rellenos sanitarios habilitados y un proceso de reconversión en marcha en Venado Tuerto, la infraestructura existente no logra compensar la dispersión territorial de los basurales informales. El 80% de la población santafesina, fundamentalmente Rosario, Santa Fe capital y sus áreas metropolitanas, dispone sus residuos urbanos en rellenos autorizados, con controles técnicos, monitoreo de napas y tratamiento de lixiviados.

Pero el problema se concentra en el otro 20% que, según los datos relevados por Ambiente, está compuesto principalmente por localidades pequeñas que no cuentan con los recursos económicos, la escala mínima o la logística necesaria para llevar sus residuos a un sitio formal de disposición final.

Kalinec advierte que esta desigualdad territorial funciona como un multiplicador del problema. “Si un municipio pequeño no puede costear el traslado o la operación de un relleno, termina recurriendo a la única opción inmediata: tirar la basura en un predio sin tratamiento. Pero esa solución barata se transforma rápidamente en un pasivo ambiental y sanitario enorme”, señala.

Santa Fe tiene tres rellenos sanitarios habilitados y un proceso de reconversión en marcha en Venado Tuerto.

Un conflicto a escala

El escenario provincial se inscribe en una problemática mayor. El Observatorio de Residuos, una iniciativa de Catries junto a la UNR y la UBA, releva la cantidad de residuos industriales que termina acumulándose en estos espacios. La última medición, realizada en los primeros meses de 2025 a nivel nacional, volvió a mostrar la misma tendencia: de los 25 millones de toneladas generadas, apenas el 4,07% recibió tratamiento adecuado.

Los más de 5.000 basurales a cielo abierto que existen en la Argentina son, en muchos casos, el destino final de esos residuos no tratados. “No hay provincias aisladas. Lo que pasa en Santa Fe pasa también en Buenos Aires, en el NOA, en Cuyo. El desafío es nacional porque necesitamos pasar de la emergencia a la planificación y de la informalidad a un esquema organizado y controlado, donde el trabajo de cada región se articule en una estrategia que también cuente con un rol activo del Estado nacional”, sostiene la directiva.

Tal como ocurre a nivel nacional, los basurales santafesinos reciben residuos mezclados, sin separación ni tratamiento. En ellos se depositan residuos domiciliarios, voluminosos e incluso industriales y peligrosos, lo que genera lixiviados tóxicos que se filtran a las napas, emisiones de metano, y quemas habituales que liberan dioxinas y furanos, dos de los compuestos más nocivos para la salud humana.

En este contexto, la falta de tratamiento adecuado no solo incrementa el riesgo sanitario, sino que también habilita la expansión silenciosa de nuevos sitios clandestinos. Según la cámara, la provincia es un ejemplo claro de cómo la ausencia de infraestructura regional refuerza la proliferación de basurales en entornos rurales o periurbanos.

Reconversiones, Girsu y avances

El Ministerio de Ambiente trabaja actualmente en la priorización y clausura de los 70 basurales de mayor riesgo. En paralelo, impulsa la migración de municipios hacia sistemas Girsu que permitan una disposición final ordenada y controlada. Venado Tuerto y Villa Ocampo aparecen entre los casos destacados, donde se avanza en la transición desde basurales históricos hacia esquemas de relleno sanitario o plantas de tratamiento compartidas.

Para la titular de Catries, estas medidas son un punto de partida esencial para empezar a generar cambios con impacto: “El cierre de un basural es el comienzo. Lo que define el éxito es lo que viene después y que tiene que estar integrado por un sistema estable, regional, con infraestructura común, tarifas accesibles y controles sostenidos. Santa Fe tiene la oportunidad de ser un modelo nacional si consolida una red integrada de disposición final”, afirma.

En este sentido, destaca, también, los cambios que llevó adelante el Ministerio para agilizar el trámite de la licencia ambiental por parte de las industrias y, al mismo tiempo, fortalecer los controles sobre el tratamiento de sus residuos. La nueva licencia digital no solo reduce tiempos y simplifica la carga administrativa, sino que incorpora monitoreos permanentes sobre el destino final de los residuos, al exigir información actualizada y generar una base de datos a la que el organismo puede acceder en tiempo real.