Reforma laboral: el Senado apura la media sanción y cuatro votos clave destrabarán su aprobación

El Gobierno se entusiasma con una aprobación express. La CGT apura contactos a provincias para revertir posturas.

El bloque libertario cuenta los votos y ve un escenario laboral para el tratamiento de la reforma laboral.

La agenda de reformas que iniciará en el Senado de la Nación en las sesiones extraordinarias incluye temas intrincados y técnicamente complejos, como la ley de Glaciares o el Código Penal. Esas propuestas, pensadas para febrero, se encuentran desplazadas temporalmente. “Desde el martes lo único que importa es la reforma laboral”, graficó un asesor y un recorrido rápido por los despachos de la Cámara alta le da la razón: los legisladores se encuentran reunidos con sus equipos técnicos a tiempo completo.

A cuenta rápida, La Libertad Avanza cuenta con 33 votos garantizados: a sus 20 (con la incorporación de Luis Juez) le suma los diez del radicalismo y los tres del PRO. De replicar cuatro de los apoyos que obtuvo en sus dos primeros años de gestión (el correntino Espínola, la tucumana Ávila y los dos oficialistas misioneros), el Gobierno tiene la media sanción asegurada en el recinto donde tiene menor peso legislativo. También pueden recurrir a la chubutense Terenzi (responde al gobernador Torres), la neuquina Corroza (se referencia con el mandatario Figueroa) y los santacruceños Carambia y Gadano (parecen haberse autonomizado de Claudio Vidal).

Sobre esos votos irá la CGT, con el objetivo de robustecer la posición opositora (que hasta el momento suma 28 peronistas) y sumar nueve voluntades en dos semanas. La central obrera se reunió con los bloques justicialistas en el Senado este miércoles y negó una marcha inmediata, que fue confirmada menos de 24 horas después tras la reunión de su dirigencia y con el proyecto en sus manos, incluso pese a que la reforma oficialista no incluye artículos sobre las cuotas sindicales. Unión por la Patria convergió este jueves con la CTA y ATE, en donde los representantes gremiales confirmaron plegarse al paro general del 18 de diciembre.

“Es un evidente ataque al sistema laboral argentino”, consideró José Mayans, titular de la bancada, tras el encuentro. La expectativa gremial es que los contactos con las seccionales comiencen a provocarle ruido interno a las gobernaciones -apelando además a un potencial impacto de la reforma laboral en sus mercados regionales- para que intercedan en la votación, que podría ocurrir entre el 29 y 30 de diciembre.

Como expresión de una provincialista que responde a un mandatario, se encuentra la salteña recién asumida Flavia Royón, quien con este medio compartió la mirada sindical por la necesidad de renovar la legislación laboral para contribuir a un crecimiento de la masa de trabajadores registrados, pero consideró que “sería un error tratar un proyecto de esta magnitud con apuro e improvisación. Si no damos una discusión seria, técnica y responsable, podemos perder una oportunidad histórica para generar trabajo formal, atraer inversiones y proteger tanto a trabajadores como a empleadores”. ¿Se extenderá esa mirada?

El bloque de senadores peronistas se reunió con dirigentes de la CTA y ATE.

Reforma laboral: las primeras reacciones en el Senado

La línea oficial del Gobierno, que eligió bautizar este proyecto como “modernización laboral”, la expuso Manuel Adorni pero la divulgó en simultáneo el presidente del bloque libertario en Diputados, Gabriel Bornoroni. A través de un video, el cordobés interpeló a los usuarios señalando que “no se tocan tus derechos” sino que "lo que cambia es la organización”: “Reglas más claras, menos abusos y menos burocracia”.

La narrativa se extiende por los grupos de Whatsapp oficialistas, pero un senador de La Libertad Avanza corporizó las tensiones que se vivieron en la previa en las oficinas de Casa Rosada, al admitirle a Ámbito que “quedó un gusto amargo, porque no hicieron voluntario el aporte solitario. Vamos a seguir castigando a los trabajadores y beneficiando a los sindicatos, pero entiendo que el propósito de esto es la creación de empleo y no una guerra con la mafia sindical”. “Por lo demás muy conforme, porque se siguen bajando impuestos para que los argentinos tengan más poder adquisitivo y prácticamente se destruye la industria del juicio laboral, lo que de previsibilidad tanto al empresario como al trabajador”, agregó.

La bancada radical del Senado, que estuvo representada en el Consejo de Mayo por Carolina Losada pero también con la influencia del gobernador Alfredo Cornejo, anticipó a este medio que apoyará el grueso del proyecto -como el sistema de indemnizaciones o la reducción de aportes patronales, que ya ha planteado en comisiones legislativas en distintas ocasiones-, pero abrió la posibilidad de “plantear cambios de ser necesario”. Desde el bloque de Diputados de Provincias Unidas el tema no tomó ni siquiera dimensión de discusión conjunta, y postergarán el debate a la espera de la votación en la Cámara alta.

En estrategia conjunta con el sindicalismo, Unión por la Patria planteó que toda contrapropuesta llegará en ordinarias, porque el objetivo a corto plazo es evitar un tratamiento express. Bajo esas premisas, los argumentos en contra se enumeran. Algunos los planteó la rionegrina Ana Marks, electa este año: “Buscan avanzar también en la legalización de la precariedad laboral”; “esta reforma no le sirve ni a los empresarios, ni a los trabajadores. Este modelo destruye la industria y el consumo”; o “lejos de modernizar, este proyecto retrocede décadas en materia de derechos laborales, directamente a debilitar la organización colectiva de los trabajadores”, fueron sus argumentos para este medio.

Sin embargo, otro senador peronista pidió una revisión minuciosa del apartado impositivo de la reforma laboral, planteando que “está redactado por estudios jurídicos asociados a multinacionales y corporaciones”. En ese sentido, observó que existen intereses explícitos detrás del artículo 185 del texto, modifica un ítem del artículo 28 de la Ley N° 23.349 de Impuesto al Valor Agregado, para implementar de forma inmediata la reducción de la mitad de la alícuota para “la provisión de energía eléctrica utilizada en sistemas y/o equipos de riego con destino al sector agroindustrial”.