Gustavo Idígoras: "Proponemos negociar una reducción de las retenciones"

Agronegocios

El ejecutivo trazó un detallado diagnóstico del sector que representa. Sostuvo que el país no puede continuar con políticas que arrojan como resultado una primarización de la balanza exportadora.

“Hoy estamos paralizados en materia de inversiones”, advirtió Gustavo Idígoras, presidente de la Cámara de la Industria Aceitera y del Centro de Exportadores de Cereales, en diálogo con Ámbito. También advirtió que “de esta crisis económica y social tan profunda solo salimos con más inversión privada y con trabajo federal e inclusivo”. Frente a la presión impositiva que tiene el sector anticipó que están negociando con el gobierno “un cronograma de reducción de retenciones al complejo soja, así como maíz y trigo”.

Idígoras también remarcó el aporte del sector al calcular que con los mayores ingresos que se registrarán este año por derechos de exportación “el gobierno nacional podría comprar más de 242 millones de dosis de la vacuna Sputnik”.

La mirada positiva a la propuesta del Consejo Agroindustrial Argentino Consejo Agroexportador, su preocupación por el futuro de la Hidrovía y por la pérdida de rentabilidad de las empresas abastecedoras del mercado interno, son algunos de los temas abordados en el reportaje.

Periodista.: ¿Cómo impactó la pandemia a la industria aceitera? ¿Cómo evoluciona el sector?

Gustavo Idígoras: La industria de la molienda de soja y girasol fue afectada por la pandemia en Argentina y el mundo. Recordemos que es la industria exportadora más importante del país y la Argentina es el primer exportador mundial de harina de soja y aceite de soja, así como un jugador fuerte en biodiesel de soja y glicerina.

Las medidas preventivas sanitarias impactaron negativamente en los consumos de los países importadores y eso generó problemas en el abastecimiento desde nuestro país. La pandemia provocó volatilidad en los precios, inestabilidad en la demanda y problemas en la logística, dado que los puertos de salida y los de llegada tenían requisitos sanitarios que iban cambiando semana tras semana, del mismo modo con las tripulaciones de los barcos -así como los orígenes previos de los mismos-, pusieron en riesgo el flujo normal de exportaciones argentinas, pero con mucho esfuerzo se logró seguir presentes en casi cien mercados compradores del mundo.

A nivel nacional, si bien el gobierno decidió desde el primer día que la exportación y la cadena agroindustrial eran sectores esenciales, existieron innumerables problemas en la circulación de camiones de granos desde municipios que tomaban medidas propias, provincias que aplicaban mayores restricciones y sindicatos que demandaban medidas sanitarias por encima de las normas gubernamentales. Esta crisis sanitaria global tuvo un segundo drama para la exportación que fue la bajante histórica del Paraná. La Hidrovía Paraná-Paraguay es la autopista exportadora de la Argentina, y la bajante fue como si las rutas se quedaran sin pavimento y totalmente poceadas.

Por eso insistimos tanto y todo el tiempo que el Estado debe velar por la navegabilidad de la Hidrovía, asegurando una licitación transparente y eficiente de la misma a través de una concesión internacional que tenga una relación directa con los usuarios sin intermediaciones políticas ajenas a los intereses del país. El 1 de mayo vence la concesión actual del dragado y balizamiento, pero hasta el día de hoy nadie sabe qué va a pasar. No vivamos un caso similar al atascamiento del canal de Suez porque sería fatal para el país, ya que desde la Hidrovía sale el 92% de las exportaciones del primer complejo exportador argentino.

P.: ¿Cómo están evolucionando el aprovisionamiento y los precios de los aceites para el mercado interno?

G.I.: El mercado interno está funcionando normalmente. El consumo de aceite en Argentina representa aproximadamente unos 34 millones de litros mensuales. En el año 2020 los precios máximos fijaron sólo un 9% de aumento anual mientras que el precio internacional del aceite de girasol se disparó más de un 100% y el aceite de soja siguió una curva creciente similar.

Esto generó una enorme pérdida de rentabilidad en 2020 para las empresas abastecedoras del mercado interno, que de todas formas mantuvieron una misma calidad y volumen durante todo el año.

El 30 de diciembre del año pasado el gobierno nacional nos convocó y nos solicitó que conformemos un fideicomiso aceitero, que básicamente subsidia el precio del aceite de girasol y mezcla en Argentina, y lo desacopla del precio internacional. En febrero el gobierno dictó una resolución conjunta de los Ministerios de Agricultura y Desarrollo Productivo que fijó las condiciones del fideicomiso. En marzo formalizamos el mencionado sistema de compensaciones, que ya opera con normalidad. Básicamente los exportadores de la industria de la soja y del girasol subsidian a los abastecedores de aceite de mercado interno, hasta 190 millones de dólares anuales y un volumen mensual de 29 millones de litros, que incluye a las principales marcas. Este esfuerzo millonario es para que el consumidor nacional tenga acceso a los aceites a precios razonables. A cambio, el gobierno se comprometió a no subir retenciones hasta el 31 de enero de 2021 ni cerrar los registros de exportación en las ventas de soja, girasol, harinas y aceites del complejo aceitero. Se espera revisar este sistema de subsidio privado en septiembre de este año con el gobierno nacional.

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P.: ¿En qué situación se encuentran las empresas en materia de rentabilidad?

G.I.: La industria de la molienda está atravesando una situación compleja. Invirtió miles de millones de dólares para competir con el mundo y crecer en materia de transformación de la soja en la Argentina para vender productos procesados, pero la producción no creció y la industria hoy tiene una capacidad ociosa cercana al 50%. Los organismos internacionales y referentes locales esperaban que para estos años el país debería producir más de 80 millones de toneladas de soja, pero desde hace diez años seguimos produciendo 50 millones y Brasil pasó 60 a 130 millones de toneladas, lo mismo sucede con Paraguay, Uruguay y otros.

Es decir, el mundo avanzó y Argentina se paralizó. Esto es básicamente por falta de políticas públicas estables, creíbles, a favor de la producción.

Esta incapacidad de la clase política de pensar e implementar políticas de estado, llevó al sector empresarial del agro a constituir el Consejo Agroindustrial Argentino el año pasado, en el medio de la cuarentena, las video llamadas nos permitieron unir a todos los representantes del agro del país en un solo lugar y desarrollar objetivos comunes: ser una potencial mundial agroindustrial, inclusiva, federal y sustentable. Hoy ya somos 61 cámaras y entidades que representamos desde las frutas frescas, el algodón, las hortalizas, lácteos, carnes, pesca, forestal, otros cultivos regionales, hasta los granos y la industria alimenticia.

Todos estamos unidos detrás de una sola idea: desarrollar una política de estado a favor del agro. Tuvimos encuentros con el señor Presidente, la señora Vicepresidenta, el Presidente de la Cámara de Diputados, gobernadores, líderes parlamentarios, y muchas reuniones con el gabinete económico. Presentamos un anteproyecto de ley de inversiones para el agro y estamos en la etapa final de negociación.

El Presidente confirmó en la apertura de sesiones que será enviado al Congreso este año. Queremos que lo hagan en abril, porque es clave fomentar las inversiones en todo el país, el agro es la única actividad económica presente en todo el territorio y esta ley no hace diferencias para ninguna actividad por ser federal e inclusiva, y porque los pequeños productores, medianos y grandes, así como las empresas, podrán aplicar los beneficios impositivos de la ley.

Argentina no puede seguir produciendo pobreza, debe fomentar empleo, producción, consumo y exportaciones, y la agroindustria es la fórmula más rápida para hacerlo. No buscamos subsidios del estado, sino reglas permanentes por diez años; el resto lo hacemos nosotros.

P.: ¿Qué nivel de presión impositiva tiene el sector? ¿Considera que debe modificarse el régimen de retenciones a las exportaciones? ¿De qué manera?

G.I.: La cadena de la soja tiene la presión impositiva más alta de toda la economía argentina. No sólo por los impuestos municipales, provinciales y nacionales sino también por los derechos de exportación que llegan al 33% para el poroto de soja. Por eso estamos proponiendo negociar con el gobierno un cronograma de reducción de retenciones al complejo soja, así como maíz y trigo. Somos conscientes que el Estado nacional necesita imperiosamente contar con los recursos fiscales de las retenciones, pero ése es un impuesto nocivo para la producción. Hemos propuesto alternativas al gabinete económico. Esperemos encontrar el momento para avanzar con este tema.

P.: Ustedes tuvieron serios problemas por huelgas, ¿cómo se encuentra en este momento la relación entre las empresas y los sindicatos? ¿Cuál es el sueldo promedio de un trabajador en su sector? Y, ¿el sueldo inicial?

G.I.: Tuvimos un mes de diciembre fatal. Los gremios aceiteros por diferentes razones lanzaron una huelga nacional que paralizó las exportaciones y los despachos para el consumo interno por 21 días; de hecho el mes de diciembre la balanza de comercio exterior argentino fue deficitaria únicamente por esta razón, así como afectó seriamente a las reservas del BCRA. El reclamo es siempre legítimo, pero usar el paro como extorsión no es razonable. La exportación agroindustrial debe ser considerada un bien esencial y no debe detenerse un solo día; hacerlo pone en riesgo las políticas sanitarias y sociales del país. La industria aceitera paga los mejores sueldos de toda la industria de la alimentación del país y uno de los mejores de la economía, el básico inicial incluyendo todo concepto es de aproximadamente 100.000 pesos y el promedio está hoy en más de 130.000 pesos. No se entiende entonces por qué se juega con fuego y se para a la industria sin justificación. Me gustaría ver a los gremios pidiendo más producción de soja y girasol, una comercialización fluida todo el año, más transformación industrial en Argentina, mayor eficiencia en la hidrovía, y que acepten discutir la productividad. El ejemplo de la industria automotriz argentina es perfectamente asimilable a este sector, donde gremio e industria trabajan de la mano en leyes a favor del empleo y la producción.

P.: ¿Qué proyecciones de exportación tienen para este año, comparado con los anteriores?

G.I.: Lo primero que buscamos es industrializar la soja y el girasol en Argentina, eso es empleo nacional. Cuesta que los gobiernos de turno lo entiendan y acompañen, pero no podemos seguir primarizando la balanza exportadora. Este año la situación de precios internacionales es favorable, aunque el volumen de producción será menor como consecuencia de la sequía. De todos modos los estudios de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires y de la Bolsa de Comercio de Rosario muestran mayores ingresos fiscales y de divisas fruto de la escalada de precios internacionales principalmente en soja. La recaudación fiscal se incrementaría en 2.785 millones de dólares, es decir llegaría a 7.641 millones de dólares por derechos de exportación, con ese incremental, según la Bolsa de Cereales, el gobierno nacional podría financiar el 88% del gasto en IFEs o comprar más de 242 millones de dosis de la vacuna Sputnik.

P.: ¿Qué necesita el sector para seguir creciendo?, ¿qué metas de producción y exportación podría alcanzar el país?

G.I.: Hoy estamos paralizados en materia de inversiones, somos el sector más competitivo de la Argentina en relación con el mundo, y no existen planes de inversión más allá de que la demanda mundial de alimentos sigue creciendo. Esas inversiones se van a Brasil, Estados Unidos, Asia.

Por eso insistimos tanto con las propuestas del Consejo Agroindustrial porque son las únicas sólidas y creíbles que van a sacarnos de este pantano.

El Consejo tiene propuestas de ley de inversiones, y medidas de facilitación del comercio exterior, de logística, de conectividad, de género, de educación, de políticas ambientales, de biocombustibles, de seguros multirriesgo, de carnes y de economías regionales.

La clase política debe confiar en el agro, debe convencerse que más agro es más trabajo, más producción, mejor consumo y más exportaciones. De esta crisis económica y social tan profunda solo salimos con más inversión privada y con trabajo federal e inclusivo, no salimos con subsidios del Estado. El Estado debe seguir regulando las actividades y nos debe garantizar que va a castigar al que delinque, al que juega en negro, y no seguir poniendo el ojo en el que hace las cosas bien, y transformarlo en un sospechoso. Quiero un Estado presente, pero inteligente, que nos de la garantía a todos los que hacemos las cosas bien y que el que no las hace (bien) las paga.

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