Opiniones

Ajuste impositivo por inflación: paradojas del regreso oficial

Con la difusión del IPC de abril 2019 resultó una inflación anual para el período mayo ´18 – abril ´19 del 55,8% causando ello el “regreso oficial” del ajuste por inflación impositivo para las sociedades cuyo cierre contable sea el 30 de abril de este año.

Recordemos que la Ley 27.430, modificada por la 27.468, dispuso que la inflación del primer ejercicio cerrado post reforma fiscal debía ser al menos del 55% para que el impuesto a las Ganancias no se liquidara sobre resultados históricos -ficticios-.

La curiosidad de este ajuste impositivo por inflación “oficial” es al menos doble: (1) se trata de un ajuste “light”, por cuanto su efecto se computará en tres años, a razón de un tercio por año; y (2), para mayor sorpresa, los importes correspondiente a los dos tercios que se computarán a futuro no se actualizarán, sino que serán tomados a valor histórico.

Cabe considerar que el “ajuste integral” -compuesto por el ajuste estático y el dinámico-, que contiene la ley del impuesto a las ganancias es sólo uno de los tres mecanismos de protección legal frente a la inflación. Éste sólo se ocupa únicamente de corregir las distorsiones causadas por la inflación durante el año fiscal. Los otros dos mecanismos previstos son la actualización de valores de activos (para las amortizaciones y para el costo de enajenación de bienes) y la actualización de los quebrantos de ejercicios anteriores (actualiza las pérdidas impositivas).

La actualización de valores no se encuentra admitida por la ley, excepto para las adquisiciones de bienes realizadas en ejercicios iniciados durante la vigencia de la reforma fiscal de la Ley 27.430 o para los bienes que se sometieron al revalúo fiscal, éste es/era optativo y está condicionado al pago de un impuesto especial, cuya tasa varía entre el 8 y el 15%.

Debemos advertir que el regreso oficial del ajuste por inflación impositivo de abril –que podría resultar también en meses futuros según la inflación acumulada– no implica necesariamente la “cura total” del problema para las sociedades “beneficiadas”.

Llamativamente, la ley vigente no contiene una coherencia para asegurar el cuidado de la capacidad contributiva de una sociedad frente a la inflación.

El “ajuste integral” es lo único que se reactiva con el 55% de inflación, pero no así la actualización de valores del costo correspondientes a activos adquiridos en ejercicios anteriores. Puede suceder entonces que una empresa haya vendido en el ejercicio cerrado en abril un inmueble o una máquina -bien de uso- con varios años de antigüedad, ante lo cual el ajuste integral no corregirá el efecto de la inflación.

En cuanto al ajuste de quebrantos de ejercicios anteriores, el tema resulta controversial, porque la reforma no lo admitió expresamente. Su admisibilidad resultaría a partir de un complejo análisis de la evolución normativa.

Entonces, incluso con el regreso del ajuste impositivo por inflación, el impuesto determinado puede resultar confiscatorio.

Las sociedades con cierre de ejercicio en enero/febrero/marzo 2019 no se encontraban “beneficiadas” con el retorno del ajuste impositivo por inflación, por no haberse alcanzado la acumulación mínima requerida del 55%. Sin embargo, podrían estar en una mejor situación, a partir de aplicar por vía judicial el ajuste. En este caso, incluso podría considerarse que no rige la regla del cómputo del efecto del ajuste en tercios, sino en forma total. También podría efectuarse la corrección de la inflación en forma completa, con la actualización de costos computables y de quebrantos.

Así las cosas, estarían en mejores condiciones quienes no estén obligados por la reforma fiscal a aplicar el ajuste impositivo por inflación. ¡Una verdadera paradoja!

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