Según un proyecto del Ministerio de Justicia nacional, esta experiencia piloto se expandirá luego a otras ciudades con « grandes limitaciones de la población en general para su acceso a la Justicia», explicaron fuentes oficiales.
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Las denominadas Casas de Justicia tramitarán causas judiciales, harán mediación, tendrán asistentes sociales y, en caso de ser necesario, derivarán los casos a sedes judiciales centrales, pero sin perder su seguimiento.
En este marco, la secretaria de Justicia y Asuntos Legales, María José Rodríguez, firmó días atrás convenios para la cesión de inmuebles -donde funcionarán las casas-con los pioneros municipios de Moreno, Guaymallén y General Pico.
En paralelo, las ciudades de Cipolletti (en Río Negro) y Tafí Viejo (en Tucumán) ya están en tratativas para firmar sus respectivos convenios.
Según fuentes del ministerio, actualmente muchas localidades de todo el país carecen de una «eficaz coordinación entre los centros de asistencia jurídica gratuita» dado que, en general, los recursos se encuentran lejos de las zonas marginadas, agregaron las fuentes. Es por ello -aseguran-que el ministro Horacio Rossatti impulsó la creación de estas casas, cuyo control será centralizado, aunque se encontrarán atendidas por personal elegido a sugerencia de distintas instituciones. La iniciativa se centrará en localidades con altos niveles de densidad de población y distancia significativas de la cabeceras judiciales de cada distrito.
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