El proyecto -que sigue el modelo español- contempla que la integración sea voluntaria. De concretarse, permitirá la prestación de servicios en las denominadas «zonas grises», aquellas que se ubican fuera de todo radio urbano.
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Entre las tareas comunes figuran además, por caso, el control de la ley de agroquímicos, el mantenimiento de los caminos, el cobro de impuestos y la compra de bienes -por caso, maquinarias- para el uso común por parte varios municipios.
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