Santa Fe -A medida que crece el estupor en la provincia por las supuestas cajas negras y la recaudación ilegal en la Unidad Regional II de Rosario, el oficial exonerado de la fuerza (y responsable de haber dado a conocer las presuntas irregularidades), Juan José Raffo, denunció ayer que su domicilio particular fue baleado por desconocidos. También reveló que su mujer sufrió una intimidación mientras manejaba su auto.
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La polémica estalló los últimos días, luego de que cobró estado público la presentación de Raffo -pasado a disponibilidad por denuncias de corrupción-, quien contó con nombres y apellidos la oscura trama delictiva de la Policía.
Argumentó que las violentas intimidaciones son el resultado de una «persecución» luego de haber incriminado a un familiar del prófugo barra brava de Newell's Roberto Pimpi Camino en el asesinato de Sebastián Galimany, el 19 de enero pasado. Por otra parte, el oficial sostuvo que fue cuestionado por los superiores de la fuerza policial cuando el 26 de enero labró un acta de procedimiento en la que involucraba a los hermanos Camino en los ataques al club del parque Independencia.
«El comisario mayor Rodríguez me llamó y me manifestó que me deje 'de hacer el superpolicía', que con la muerte del hijo del Pimpi ya le había hecho perder $ 50.000", contó Raffo en su presentación ante el jefe de la Unidad Regional II de Rosario en la que reclama, además, que se le levante la disponibilidad.
Según los argumentos del oficial auxiliar, la mecánica de caja negra y recaudación ilegal incluye a capitalistas del juego clandestino y desarmaderos de autos que aportan regularmente a las comisarías entre $ 500 y $ 3.000 mensuales. También menciona un laboratorio de analgésicos truchos y levantadores de apuestas.
Reacción
Las revelaciones generaron no sólo revuelo en el ámbito policial, sino en el seno del Gobierno de Hermes Binner. Ayer, por caso, el ministro de Seguridad de Santa Fe, Daniel Cuenca, dijo que el Gobierno de Binner se pondrá a disposición de Asuntos Internos y de la Justicia para esclarecer los hechos. Y reconoció que «el grueso de la Policía tiene ganas de trabajar, pero hay un grupo de malandras que desordena».
El secretario de Seguridad, Carlos Iparraguirre, por su parte, dijo que «no habrá sanciones hasta que avance la investigación. Pero creemos que ésta es la punta de un ovillo que este Gobierno piensa desenrollar».
Desde la oposición, en tanto, le reclaman al gobernador que disponga la intervención de la fuerza para desterrar la corrupción policial. «El socialismo mira para otro lado», acusó un referente del justicialismo santafesino.
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