22 de diciembre 2003 - 00:00
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La entidad aseguró que las operaciones o compras en forma directa por parte del Estado son motivo de sospechas y representan un ejemplo de cómo la subversión de valores y la falta de claridad en las cuentas públicas conllevan prácticas reñidas con la legalidad.
«La trampa legal en la que se cae al cambiar los topes para las compras del Estado, ya sea por licitación o en forma directa, y su desdoblamiento para alcanzar montos de operaciones permitidos, constituye un engaño y hace necesaria su anulación», señala el documento firmado por el titular de la FEC, Carlos Nazareno.
La entidad empresaria destacó que la disposición del gobernador Brizuela del Moral a erradicar estas prácticas permite avizorar un principio de solución, aunque reclamó otras medidas.



