Denuncia de macrismo abrió polémica por declaraciones juradas

Escribe Gustavo Bastos

Córdoba - Un documento que difundió este lunes el dirigente macrista de Córdoba Sebastián García Díaz motivó una dura polémica en torno al patrimonio de algunos dirigentes, especialmente el del vice intendente de la capital provincial, el juecista Carlos Vicente.
Según documenta la investigación del equipo macrista, el patrimonio de Vicente se habría incrementado exponencialmente en sólo tres meses. García Díaz tomó como fuente del estudio la propia documentación presentada por el funcionario cuestionado, primero a La Voz del Interior y después en el propio Concejo Deliberante.
De acuerdo con las declaraciones juradas enviada al medio de prensa durante la última campaña (acción promocionada por el candidato Luis Juez en el marco de la denominada «nueva política»), Vicente contaba con dos inmuebles por 160 mil pesos (dos departamentos valuados en el mercado a 120 mil y 40 mil pesos) y un automóvil por 36.400 pesos (Peugeot 206 XR). En total, 196.400 pesos. En ese mismo testimonio Vicente aseguró no poseer otros bienes registrables y no registrables, ni títulos, acciones, fondos comunes de inversión, ni papeles ni valores cotizables en bolsa.
En cambio, en la declaración jurada presentada poco después de asumir (en diciembre), y en el marco del plan de transparencia al que embarcó al Concejo Deliberante que él preside, el patrimonio asciende ya a 465.200 pesos, discriminado de la siguiente manera: inmuebles 260 mil pesos, automóviles 39 mil pesos, cuentas corrientes y caja de ahorro 46.200 pesos, y otros bienes 40 mil dólares. «Al ciudadano común le queda la pregunta de si adquirió un bien en estos tres meses y en ese caso debería explicar de dónde salió la plata, subvaluó los bienes en la primera declaración o está sobrevalorando los bienes en la última», se preguntó García Díaz, que aseguró que el «electoralismo» del Frente Cívico Social quedó demostrado en esta situación.
Desde diferentes sectores políticos ya se reclamó la actuación del Fiscal Anticorrupción de la Municipalidad, funciones en la que permanece el ex socio del estudio jurídico de Juez, José Medina.
Pero el documento dado a conocer por el dirigente macrista no detectó esa sola supuesta irregularidad, sino varias más en el repaso de otras declaraciones juradas.
En el caso de la concejal del Frente Cívico y Social Mónica Cid se observa que la funcionaria presentó un currículo de sólo 2 renglones y una declaración que tiene llena un solo casillero (Cuentas Corrientes y Caja de Ahorro por $ 2.400). Sin embargo, en la declaración jurada que envió a La Voz del Interior unos meses atrás, asentaba rentas por usufructo vitalicio de bienes inmuebles por un monto de $ 950 mensuales, participación en un fideicomiso inmobiliario por $ 83.700 y un patrimonio aproximado de $ 23.450.»

 Postal

Otra situación curiosa es la edil independiente y martillera pública Marcela Ibáñez, ya que adjuntando un currículum destacado como profesora, 2 veces presidenta del Colegio de Martilleros, con un libro escrito, entre otras actividades su declaración jurada sólo consigna $ 18.000 en el ítem «semoviente», $ 4.500 en bienes de uso personal y otros $ 9.000 en mobiliario de su casa.»
También se repasó el caso de la edil Laura Ortiz. Esta médica de 50 años, especialista en cardiología y terapia intensiva, ex vice directora del Hospital de Urgencias, declaró a La Voz del Interior un departamento con un valor de $ 80.000, pero en un pase que sería la envidia hasta del INDEC, en la nueva declaración ante el Concejo pasó a valer 35.000».