Desde el 30, Montoya puede secuestrar autos

Santiago Montoya

«Se aguardará hasta el próximo lunes 30 para que esta gente se presente y pague o adhiera a un plan de pagos; de lo contrario, se les secuestrará el auto como lo marca la legislación vigente», advirtieron desde el Ministerio de Economía de Buenos Aires, conducido por Gerardo Otero.

A partir de ese día, habrá controles en puntos transitados de la provincia, en rutas y centros urbanos. Una vez que se detecten vehículos en infracción se procedería al secuestro, siempre y cuando no se demuestre voluntad de pago.

La posibilidad de secuestrar automotores se da como parte del paquete de «superpoderes» que fueron aprobados por ley a fin de año y que dan una serie de nuevas herramientas antievasión a la Subsecretaría de Ingresos Públicos bonaerense, conducida por Santiago Montoya. Se habilitaron, además, los embargos de cuentas bancarias, cajas de seguridad y bienes de morosos sin mediar permiso judicial así como se determinó una fuerte suba del Impuesto Inmobiliario Rural.

Respecto de las medidas direccionadas al cobro del Impuesto Automotor, ya fue publicadoen Internet el listado de casi 800 automotores registrados en la provincia de Buenos Aires, con posterioridad al año 2000, con valores de $ 35 mil en adelante y con una deuda superior a 10% de la valuación del rodado o 30% o más de cuotas vencidas.

Por su parte, la cantidad de autos que está en la mira de Montoya asciende a 2.500, al menos en una primera etapa de controles. Justamente, la nómina publicada en Internet fue, además de un virtual escrache a los deudores, «una última oportunidad para que los titulares de todos esos vehículos puedan cancelar su deuda», dijo Montoya días atrás y amplió: «Luego comenzarán los operativos móviles -en rutas, calles y avenidas- y fijos, en zonas previamente determinadas».

• Inmobiliario Rural

Por su parte, la Asociación de Defensa de los Consumidores y Usuarios de la Argentina (ADECUA) aguarda para el final de esta semana la respuesta a la apelación presentada ante la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo de San Martín.

ADECUA se opone a la resolución del juez Gallo Quintián, quien no dio lugar a la acción de amparo por inconstitucionalidad presentada por la entidad contra los poderes Ejecutivo y Legislativo de Buenos Aires, por considerar que la Ley 13.405 -modificatoria del Código Fiscal- viola la Constitución nacional y la provincial.