El ministro de Economía y Energía de Mendoza, Enrique Vaquié, desplegó advertencias frente a la medida adoptada por la Casa Rosada.
La decisión del Gobierno de Alberto Fernández de suspender la aplicación del régimen de promoción de la Economía del Conocimiento para encarar modificaciones a la normativa genera preocupación y expectativa en las provincias, frente al temor de que la dilación y los cambios generen fuga de empresas y pérdida de inversiones.
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La Ley 27.056 había sido sancionada en mayo y promulgada en octubre pasado por Mauricio Macri con el objetivo de incentivar -involucra, entre otros ejes, beneficios impositivos- las actividades productivas basadas en el uso intensivo de la tecnología y la digitalización de la información, que representan la tercera actividad exportadora del país.
“La suspensión de la ley y no tener claro hacia dónde se va genera mucho ruido y puede producir que emprendimientos que puedan venir o que ya están en la provincia se vayan a otro lugar, lo que nos haría perder empleos y también recaudación; ésta es una actividad que básicamente exporta”, enfatizó desde Mendoza el ministro de Economía y Energía del radical Rodolfo Suarez, Enrique Vaquié, quien además anticipó que enviarán “propuestas” al Gobierno nacional para “modificar esta situación”.
El funcionario mendocino remarcó que “la programación de videos juegos, de software y todo lo que tiene que ver con la innovación y la incorporación de tecnología en los últimos 4 años ha crecido fuertemente en Mendoza”, y que las pymes y empresas del sector generan “unos 20.000 empleos”.
“Esperemos que el Gobierno reinstaure seguridad jurídica para el sector; hay un clima social que muestra que el gobierno la pifió”, concluyó.
La preocupación en las provincias, previsiblemente, fue elevada en voz alta por gobiernos y legisladores enrolados en la oposición al Gobierno nacional, aunque las señales de alerta se multiplican también en distritos peronistas, que apuestan al sector como generador de recursos y empleo y movilizador de la economía local.
En línea con Vaquié, desde Córdoba, el presidente del bloque parlamentario provincial de Juntos por el Cambio, Orlando Arduh, advirtió que “la reciente suspensión de la Ley de Conocimiento es gravísima para Córdoba” porque “afecta de manera directa a miles de puestos de trabajo y atrasa respecto a lo que se debate hoy en el mundo”.
Por eso decidió presentar un proyecto de declaración en la Legislatura en pos de rechazar la medida.
”Todos debemos defender la creación de trabajo genuino, todos queremos que Córdoba sea un polo del conocimiento”, arengó, desde el distrito que gobierna el peronista Juan Schiaretti.
Buena parte de las provincias había adherido a la norma entre fin del 2019 y principios de 2020, y de hecho el impulso de la industria tecnológica forma parte importante de la agenda de los nuevos mandatarios.
Una de las más entusiastas, por caso, es la rionegrina Arabela Carreras, quien al asumir en diciembre confirmó su decisión de impulsar un proyecto de ley para crear la Agencia de Innovación y Economía del Conocimiento -”Río Negro Innova”- con el fin de optimizar los recursos del Estado e “impulsar la ciencia y la tecnología para el desarrollo de las industrias del futuro”.
En rigor, ahora la intención de la administración de Fernández -argumentan- es retocar la letra chica de la iniciativa, en pos de privilegiar la llegada de incentivos fiscales a pequeñas y medianas empresas, precisar cuáles son las actividades abarcadas e impulsar transversalmente la productividad -de manera federal e inclusiva, argumentan- de todos los sectores que conforman esta industria.
Los cambios se verán plasmados en una nueva reglamentación o en un proyecto modificatorio, a tratar en el Congreso.
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