Efecto Córdoba: refuerzan los controles en penales del país

El mandatario se comprometió además a cumplir con su promesa de campaña de demoler el presidio del barrio capitalino de San Martín, donde ocurrió el motín, en cuanto se construya otra cárcel para condenados en Cruz del Eje; a la vez que reconoció que el motín se podría haber prevenido si hubiera habido un «buen nivel de información previa». En este sentido, desde los servicios penitenciarios de Catamarca, Entre Ríos y Santa Fe se informó que «se han reforzado la medidas de seguridad» para prevenir la posibilidad de un «efecto dominó», tras los hechos de Córdoba.
Al respecto, fuentes provinciales aseguran que si bien no se produjeron hechos de violencia, «la infraestructura local está desbordada por la cantidad de detenidos y procesados».
Justamente, en La Rioja, donde la vigilancia fue también reforzada desde el jueves, dos grupos de presos alojados en la cárcel local se enfrentaron a golpes en la tarde del sábado y obligaron a los guardias a efectuar disparos de advertencia para sofocar el incidente, que dejó varios internos y un guardiacárcel con lesiones leves. Fuentes locales no descartan que el episodio haya sido «armado» para generar un motín similar al ocurrido Córdoba.
En torno a las repercusiones del motín cordobés, De la Sota aseguró ayer: «No soy quién para perdonar a un delincuente. Para eso están los jueces». Ello, en referencia al pedido de reducción de condenas que reclamaban algunos de los reclusos que protagonizaron el sangriento incidente del jueves.
En tono más fuerte también afirmó que «si a alguien le han dado cadena perpetua, tiene que salir de la cárcel con los pies para adelante, es decir, cuando Dios se lo lleve de este mundo».
En cuanto al pedido de los reclusos para tener un régimen de visitas más benigno, el gobernador postuló que «donde solamente entran los familiares acreditados, me da la impresión que les pisa los callos a muchos delincuentes que dentro de las cárceles todavía actúan en el marco del delito».
El trágico saldo del motín de la semana pasada fue ocho muertos -un policía, dos gardiacárceles y cinco reclusos- y unos 63 presos heridos.
En paralelo, la Justicia de Córdoba sospecha que uno de los guardiacárceles murió de un balazo disparado por un policía cuando era llevado como rehén por presos que pretendían huir en un camión.
«Por ahora, la forma en que murieron los uniformados no está clara», reconoció Javier Praddaude, el fiscal a cargo de la causa, en referencia al policía Roberto Cogote y los guardiacárceles Andrés Abregú y Pablo Ferreyra. Praddaude, en tanto, no descartó incluso que algún policía pueda quedar imputado por la muerte uno de los efectivos penitenciarios.
Otro de los datos que salió a la luz tras el motín apunta que uno de los cinco presos muertos -Miguel Angel Acuña, aunque fuentes judiciales entienden que ése no era su verdadero nombre- figuraba presuntamente en una lista de detenidos al que una supuesta mafia policial y judicial iba a sacar del penal mediante «oficios truchos», para facilitar su evasión.