Así lo adelantó ayer el titular de la CIDH, Sergio García Ramírez, tras una entrevista mantenida con el presidente Néstor Kirchner y el canciller Jorge Taiana en el Palacio San Martín, en la cual el santacruceño admitió su preocupación por la situación de las cárceles en Mendoza y la provincia de Buenos Aires. Al respecto, asesores de García Ramírez explicaron que la CIDH dará a conocer en los próximos 15 días una resolución que calificará lo actuado por el gobierno nacional, de acuerdo con exigencias planteadas un año atrás por ese tribunal al Estado argentino para mejorar las condiciones de penitenciarías mendocinas. La intervención de la CIDH en la problemática se inició luego de que el organismo internacional hiciera lugar en 2004 a un amparo interpuesto por seis abogados mendocinos, quienes, bajo la letra del Pacto de San José de Costa Rica, denunciaron la «gravísima situación de hacinamiento e inseguridad» que derivó en muertes de internos en penales de Mendoza. Informes A partir de eso, la CIDH dispuso ese año que el gobierno nacional y el mendocino informen cada 15 días sobre medidas de protección de salud y cuidado de la integridad física de los reclusos. García Ramírez aclaró, no obstante, que el caso no está contemplado como «un litigio» sino como una solicitud de medidas provisionales por una demanda presentada por los abogados mendocinos. La CIDH actúa bajo su condición de órgano internacional judicial autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA), que interviene en casos contenciosos sobre violaciones a los derechos humanos y emite opiniones consultivas sobre temas sometidos a su análisis. Los jueces de la CIDH también resaltaron que «hay una espectacular evolución de la jurisprudencia argentina en materia de derechos humanos; en comparación con otros países, la Argentina va a la vanguardia», en palabras del mexicano García Ramírez.
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