Exhumarán cadáver de Sayago para hallar nuevas pruebas

La orden judicial fue emitida por la jueza que entiende en la causa, Graciela Ruata de Leone, con el objetivo de extraer tejidos y cabellos del joven policía para obtener su ADN. Las muestras serán tomadas por peritos de la División Criminalística y serán remitidas al Gabinete Pericial de la Gendarmería Nacional con la pretensión de sortear sutilezas o malos entendidos, según explicaron fuentes tribunalicias. La Justicia busca así despejar cualquier vicio de presunta imparcialidad sobre la que eventualmente pudiera caer la Policía provincial, fuerza que estuvo al frente del operativo en Las Heras. Los resultados de las muestras de tejidos y cabellos serán cotejados con aquellos que arrojen las manchas de sangre halladas en prendas de vestir que fueron secuestradas durante los allanamientos realizados en las viviendas de algunos de los sospechosos de haber participado en el asesinato del policía. Según indicaron fuentes cercanas a la investigación, las muestras de cabellos y tejidos de Sayago, la indumentaria manchada con sangre y las armas secuestradas hasta el momento, que permanecen en custodia, serán remitidas en un solo envío recién la próxima semana hacia Gendarmería.
 Resultados
Según trascendió, la Justicia no esperaría los resultados de estas pericias para resolver la suerte de los últimos 13 detenidos que permanecen alojados en diversas dependencias policiales del norte provincial. De hecho, hacia el lunes 27 se estaría dando a conocer la situación procesal de quienes fueron apresados el 9 de este mes. Entre éstos, Oscar Daniel Morales, Juan Nolasco Córdoba, José Enrique Rosales, Pablo Mansilla, Omar Mansilla, Rubén Leopoldo Bach, Enrique Néstor Aguilar, Daniel Aguilar, Adrián Marsiano Saucedo, Avelino Andrade y Franco Andrés Gómez, se encuentran detenidos por los presuntos delitos de homicidio agravado, coacción agravada y daño calificado. Los otros dos apresados son: Juan «Juanito» Oscar Barrientos, por el presunto delito de homicidio agravado en grado de tentativa (es uno de los más comprometidos); y Mario Orlando Bastía (sería un desocupado) por el presunto delito de coacción agravada y daño calificado. Los detenidos, con excepción de Bastía, son trabajadores de la contratista Indus y dos de ellos: Andrade y Saucedo son delegado y subdelegado gremiales de esa empresa; en todos los casos, se trata de afiliados a la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA). Cabe recordar que la orden inicial de detenciones librada el 9 por la jueza Ruata de Leone incluía 15 personas, pero dos de ellas fueron liberadas por falta de mérito luego de ser indagadas (Nelson Méndez y Ramón Alcides Miranda).