La situación se remonta a más de un año, luego de la decisión de Rodríguez Saá de
La ley cuestionada es la provincial 5.324 que resolvió que, en las elecciones del 27 de abril de 2003, se pusiera a consideración del pueblo incorporar a la Constitución provincial una cláusula transitoria para que todos los cargos caducaran 6 meses antes