Impacta menos en provincias

El informe toma los casos de distritos que hoy reestructuran pasivos colocados en el exterior, como Buenos Aires, con u$s 2.845 millones; Mendoza, u$s 250 millones, y Ciudad de Buenos Aires, u$s 520 millones; y los compara con Nación, que reformula una deuda de u$s 88.000 millones. Salta es la restante provincia con títulos en el extranjero, pero su caso no es tomado en cuenta por tener una estructura financiera muy diversa.Se indica que la principal diferencia en el enfoque dado por las provincias con respecto a Nación reside en que esta última ha solicitado un profundo descuento de sus bonos, debido a -asegura el informe- que el peso de la deuda en las provincias no es tan elevado como lo es para Nación, y su composición es bastante menos compleja. Esto se ve con los ingresos y el PBI, así como también el número de emisiones, monedas y leyes pertinentes.
Otra factor importante es el Programa de Financiamiento Ordenado (PFO), a partir del cual las provincias cuentan con una fuente de financiamiento que Nación no dispone y que son justamente los fondos federales. Desde 2002, Nación financia a la mayoría de las provincias con el PFO, a cambio de que se comprometan a objetivos fiscales, como alcance de superávit, y otras condiciones, como eliminación de cuasi monedas.
En general el PFO incluye tasas de interés de hasta 2%, ajustadas por inflación, y plazos de cuatro años con un período de gracia de un año para el capital. Con este acuerdo, las provincias ofrecían como garantía de pago la coparticipación.
A través del PFO, el gobierno central prestó aproximadamente u$s 300 millones en 2002, u$s 500 millones en 2003, y se espera que preste
u$s 1.200 millones en 2004. Alrededor de la mitad fue otorgada a Buenos Aires.
Standard & Poor’ se pregunta al respecto si «¿tiene sentido que las provincias, que reciben asistencia financiera del gobierno central, presenten propuestas de reestructuración más favorables (desde el punto de vista de los inversores) que la que el gobierno soberano considera que él mismo puede afrontar?».
Se plantea además que, si bien las provincias precisan sólo formalmente autorización nacional para emitir deuda en materia extranjera, la potencialidad de una propuesta de reestructuración provincial más favorable para los inversores no es simplemente el resultado de la voluntad de la provincia, ya que éstas requieren del beneficio de un menor nivel de deuda y recursos adicionales brindados por el gobierno central.
El informe postula aquí la importancia del proceso de creación de la ley de coparticipación federal. Pone el acento en que, pese a su popularidad actual, el presidente Néstor Kirchner aún necesita respaldo de las provincias para aprobar la ley que regirá a partir de 2005, y agrega al respecto que la intervención de Nación en las reestructuraciones de deudas provinciales dependerá de consideraciones políticas.
Finalmente, se postula que el principal factor de riesgo es que la reestructuración de deuda de las provincias quede en un punto muerto y se vea atascada entre las negociaciones de Kirchner con los tenedores de bonos internacionales por un lado y la reforma del sistema de coparticipación con las provincias, por el otro.