20 de mayo 2012 - 22:37
Impuestos: Scioli apura un acuerdo con la oposición
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Daniel Scioli
El fin de semana, los colaboradores del mandatario se agotaron en interminables explicaciones de por qué Scioli no puede -ni quiere- recurrir a esa herramienta.
El titular de la Agencia de Recaudación, Martín Di Bella, advirtió que «todo cambio en las obligaciones tributarias» bonaerenses, «incluso en el Inmobiliario Rural, deben realizarse mediante una ley y no pueden hacerse a través de un decreto», porque «así lo establece la Constitución».
En simultáneo, el propio gobernador ratificó su intención de negociar con la oposición para alcanzar un consenso que le permita sancionar la reforma impositiva por ley. Ese esquema incluye al FAP, al PJ disidente, y Unión Celeste que lidera Francisco de Narváez.
«La decisión es buscar los consensos que sean necesarios para alcanzar la sanción del proyecto en la Legislatura. Eso implica tiempo, pero Scioli tiene grandes expectativas de que el diálogo dé sus frutos rápido», confió un hombre cercano al gobernador.
La ecuación que hace la Casa Rosada es un búmeran para el sciolismo, al preferir que imponga el revalúo de los campos por decreto, sin dejar espacio a la negociación con la oposición, especialmente con los sectores que representan los intereses de las entidades que nuclean a los productores agropecuarios.
La ministra de Economía, Silvina Batakis, tradujo la respuesta de Scioli a esa presión. Reconoció que el Gobierno provincial podría acordar con la oposición una modificación del revalúo y explicó que «consistiría en la gradualidad del revalúo». «Habíamos previsto -agregó- que este año (el valor fiscal de los campos aumentara) entre un 30 y un 50 por ciento, pero desde el Frente Amplio Progresista (FAP) nos proponen otra forma de llegar a un valor de mercado. Por eso, si hay un cambio, sería para este lado».
El proyecto de reforma fiscal que envió Scioli contempla incrementos en las alícuotas de los impuestos a los Ingresos Brutos, Sellos e Inmobiliario Rural. Con esta ley Scioli busca recaudar $ 2.680 millones extra este año, de los cuales $ 1.000 millones se distribuirían entre los municipios para sortear la grave crisis económica que enfrentan por la pérdida de $ 900 millones de la coparticipación.




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