Impusieron ayer provincias códigos procesales regionales

El anuncio se realizó luego de una reunión en el 11° piso del Ministerio de la que participaron Béliz; su segundo, Abel Fleitas Ortiz de Rozas, el secretario de Seguridad Interior, Norberto Quantín; los ministros de Justicia provinciales; y los gobernadores Julio Cobos, de Mendoza; y Alberto Rodríguez Saá, de San Luis.Los códigos de procedimiento penales, sin embargo, eran apenas uno de los tantos cuestionamientos provinciales al proyecto de Néstor Kirchner en materia de seguridad, quejas íntimamente relacionadas con la discusión del nuevo sistema de coparticipación de impuestos (ver aparte) y que se tornaron más virulentas con el enfrentamiento del Presidente con Eduardo Duhalde.
En este sentido, cosechó fuertes cuestionamientos la intención de la administración central de tener la posibilidad de intervenir las policías provinciales.

Discusión

Contrastaba ayer el conciliador Béliz -quien subrayó el «espíritu de cooperación» que hubo en la «buena reunión de ministros»- con un sanguíneo ministro de Seguridad y Trabajo neuquino, Luis Manganaro, quien se fue del edificio de Sarmiento al 300 antes de que su colega nacional levantara la sesión.
«Acá no hay plan. Queremos saber qué cantidad de plata va a ser destinada a cada distrito y qué criterio se usará para el reparto. Le pedí además a Béliz que me explique eso de que ‘ay algunos que hacen politiquería barata’plain en respuesta a nuestros cuestionamientos, y no lo hizo. Parece que el ministro descalifica a los que nos oponemos», dijo el emisario de Jorge Sobisch en un pasillo.
En tanto, también criticó la posibilidad de que el gobierno intervenga las policías provinciales, algo que, a su vez, el sanluiseño gobernador Rodríguez Saá rechazó en la reunión.
«Es peligroso. Es una política que aplicó José López Rega en los ’0 al intervenir y poner comisarios políticos en las provincias», se extendió, por su parte, el neuquino Manganaro.
Igualó, de esta manera, el calibre de las palabras del cordobés ministro de Seguridad, Carlos Alessandri, quien el viernes pasado, en la reunión del Consejo Federal de Seguridad Interior, se cruzó duro con Béliz acusándolo de «preparar un plan para la ciudad y provincia de Buenos Aires».
Así y todo, Córdoba ayer aportó su calor a la discusión. El secretario de Seguridad, Héctor David, pidió «no tomar medidas apresuradas y tener en cuenta lo que se tiene a mano para sostener esas iniciativas». Citó la baja de la edad de imputabilidad a menores con lo cual «se corre el riesgo de seguir superpoblando los institutos de detención».
Córdoba, al igual que Mendoza, prefiere que le sean transferidos tecnología y fondos para las reformas propias que, en estos casos, están más avanzadas que lo actuado en la Justicia federal.
Tal fue la postura del gobernador Cobos, quien expuso el mandato de la Comisión Bicameral de Seguridad de la Legislatura provincial cuando faltan menos de 48 horas para la visita presidencial al distrito.
Los mendocinos no quieren que toda la plata se vaya a Capital Federal y el conurbano, tema en el que también coinciden Santa Fe y Chaco, y aun los distritos más proclives a apoyar el plan nacional.
«Para cárceles preferimos que nos den la plata y nosotros las construimos», dijo el mediterráneo David, al tiempo que solicitó que «si se transfiere, como se pretende, a la Justicia provincial las causas menores sobre drogas, que también se transfieran los recursos».
Béliz, en tanto, sedujo a sus interlocutores del interior con anuncios en materia penitenciaria. Adelantó que hoy se abrirá la primera licitación de las 8 cárceles que se quiere construir. Se trata de la de Güemes en Salta, mientras en los próximos días se hará lo propio con las de Coronda (Santa Fe) y Mercedes (Buenos Aires).
A grandes rasgos, la reunión se centró en tres cuestiones:
c Unificación de los códigos procesales penales: las provincias dicen que, como mucho, podrían unificar por regiones, algo que Béliz aseguró estar dispuesto a aceptar.
Determinar la forma en que se realizan los procedimientos en la Justicia es una potestad constitucional de cada provincia. Los distritos tienen características geográficas y poblacionales que hacen necesarios procedimientos específicos.
c Juicio por jurados: las gobernaciones sostienen que deberá haber un cambio cultural importante para que esto pueda llevarse a cabo.
c Construcción de cárceles: las provincias están contentas con este punto, pero recuerdan que se trata de un viejo ítem pendiente de Nación largamente prometido.