Jaque se diferencia

Mendoza - El gobierno provincial rechazó las críticas de una ONG kirchnerista por el endurecimiento en las excarcelaciones que el gobernador Celso Jaque intenta aprobar hoy en el Senado, lo que marca una nueva diferencia con Nación respecto de las ideas, aunque oficialmente aseguran que «esto no va a interferir en la relación con Nación».
La norma tiene, además, una consecuencia directa para los políticos locales, ya que también los funcionarios corruptos deberán ir a la cárcel mientras se evalúa su situación.
Tras el avance legislativo del proyecto y la difusión de las críticas por parte del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), de Horacio Verbitsky -hombre de confianza y consulta permanente del matrimonio presidencial, sobre todo en el manejo de la política de derechos humanos-, el mandatario justicialista vuelve a separarse de la postura K tras la polémica desatada hace unos meses por el nombramiento en el Ministerio de Seguridad de dos funcionarios acusados de inhumanidades.
El Ejecutivo local aprovechó esta controversia para iniciar un operativo de diferenciación, al menos en este tema, más allá de la alianza estratégica que sostiene con los Kirchner. En el mismo movimiento, toma distancia de la actitud que tuvo su antecesor y actual vicepresidente, Julio Cobos, hace un año, cuando aceptó bajar un artículo que endurecía las excarcelaciones, también tras la presión del CELS.
La posibilidad de dictar prisión preventiva a quienes sean detenidos por un delito y tengan dos causas anteriores abiertas es el eje de la polémica que pone en una vereda a Jaque y en la otra a la ONG K, que envió una carta con sus cuestionamientos a la propia Cristina de Kirchner y a dos ministros nacionales, además de hacerla llegar al gobernador.
«Este gobierno no va a dar marcha atrás. Nadie le va a decir lo que tiene que hacer. La Constitución nos da la facultad para dictar las leyes que creamos necesarias», respondió Sebastián Godoy Lemos, subsecretario de Justicia y Derechos Humanos.