Juárez no declaró. Hoy, Nina

«Juárez no tiene ninguna vinculación con las desapariciones», dijo José Azar, uno de sus abogados para explicar por qué el caudillo eludió las 106 preguntas elaboradas por el fiscal Alberto Pravia.En tanto, los abogados Azar y Francisco Cavallotti también representarán legalmente hoy a Aragonés en una indagatoria prevista para la tarde en el Juzgado Federal de Santiago.
«Nina» Juárez deberá responder a las acusaciones de la ANSeS por presunta estafa por el cobro de 505 mil pesos de una jubilación incompatible con el ejercicio de la función pública.
En otra causa caratulada «robo en poblado y banda», la ex mandataria está acusada de ser la supuesta «autora ideológica» del saqueo de la casa e intento de asesinato del diputado nacional justicialista José Oscar Figueroa.
En tanto, la intervención enfrentó ayer el primer cuestionamiento público a su gestión. El presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Santiago del Estero, Juan Carlos Bianchi, criticó la presencia del empresario Gustavo Ick en la Casa de Gobierno e indicó que «todo sigue igual».
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«Parece un cambio para que nada cambie, porque fui a solicitar una audiencia y, al golpear la puerta de un despacho, me abrió el empresario Gustavo Ick, que participaba de una reunión en el Ministerio de Economía, acompañado del ex secretario del juarismo, Rodríguez Brin», dijo Bianchi.
Se trata del hijo del empresario santiagueño Carlos Néstor Ick, dueño del Banco Santiago del Estero, tarjeta Sol, seguros Hamburgo, casinos y juegos de azar, de los hoteles Carlos V y Coventry, Canal 7 y FM Panorama, entre otros emprendimientos con estrecha vinculación al juarismo.
El interventor Pablo Lanusse respondió que conversa con todos los sectores de la sociedad santiagueña y que no va a prohibir la entrada a nadie a la Casa de Gobierno. Además, aclaró que revisará todas las privatizaciones de la gestión de Juárez al tiempo que, consultado sobre la fuerte influencia del poder económico en Santiago del Estero, el ministro de Gobierno, Luis Ilarregui, fue contundente en su respuesta: «Lo respetamos, pero no nos arrodillamos».
En tanto, la adjudicación de más de dos mil casas usurpadas por indigentes, la detención de ex dirigentes provinciales -entre ellos dos ex legisladoras provinciales, María Cristina de Bertancour y Nieves de Fulco- por el robo de mercaderías del plan Asoma y su entrega inmediata a familias indigentes fueron otro de los problemas que debió enfrentar ayer el interventor Lanusse.
En una agitada jornada, Lanusse anunció que las más de dos mil casas usurpadas por indigentes serán adjudicadas «en el marco de la ley y en respuesta a las necesidades de la población», y consideró una «aberración» el robo de mercadería del plan Asoma y celebró la detención de ex dirigentes provinciales por esta causa.