Jubilaciones polémicas: cayó ley en Buenos Aires

Menos de una semana transcurrió desde que la Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto de Carlos Caterbetti (PJ) por medio del cual se disponía que los intendentes podían jubilarse con 50 años y con 50 por ciento del sueldo de los jefes comunales en ejercicio. Apenas un par de días alcanzaron para que el texto fuera despreciado por el gobernador Felipe Solá, Néstor Kirchner, legisladores de distinto color político y hasta los mismos intendentes. Ahora, todas las voces coinciden en que no hay modo de que el Senado siquiera trate el tema y nadie parece estar dispuesto a defender lo que aprobó el grueso de los diputados el miércoles pasado, ni siquiera los mismos legisladores.
«Solá necesitaba aprobar sí o sí la ley provincial de educación y el proyecto de Caterbetti fue parte de la negociación para llegar a un acuerdo con el PJ en la Cámara. Era la última oportunidad para el gobernador», indicó una fuente legislativa. Pero ante el rechazo generalizado, el «acuerdo» no sólo quedará trunco, sino que se convierte en una amenaza para un privilegio que no se encontraba en tela de juicio hasta el momento, como es la Ley 5.675, promulgada por el gobernador Domingo Mercante en 1951. Reforma mediante, este instrumento permite que gobernador y vice se jubilen a los 55 años con 82 por ciento móvil de los funcionarios en actividad en dicho cargo, siempre y cuando no puedan acogerse a algún beneficio mayor de la provincia o la Nación. En lo que respecta a ex legisladores, se otorga un retiro por 50 por ciento del sueldo de parlamentarios en actividad. En cualquiera de los casos, existe una notoria diferencia con el resto de los sistemas del país para acceder al beneficio jubilatorio, cuya amplia mayoría exige una edad de 65 años y un mínimo de 35 años de aportes previsionales.
 Privilegio
En el polémico escenario despertado tras el fallido intento de agregar beneficios para intendentes, un número no menor de diputados opositores y oficialistas estaría dispuesto a quitarse el privilegio de la Ley Mercante. Incluso Solá no se opondría a este avance y, en rigor, tendría pocos argumentos para hacerlo, luego de señalar que el proyecto que beneficiaba a intendentes era una «burla a la gente». De todos modos, las habituales idas y vueltas de la clase política generan escepticismo sobre la real posibilidad de derogación de la Ley 5.675.
Mientras tanto, continuó el fin de semana la polémica por el intento de otorgar una jubilación de privilegio a intendentes. Más allá del supuesto acuerdo para hacer avanzar la ley de educación, sorprende el giro que han dado los legisladores. En principio, se sabe que muchos de ellos responden, justamente, a los jefes comunales. Por su parte, la atención se posa sobre Caterbetti, creador del proyecto, que responde a Eduardo Duhalde (fue su interventor del Comfer durante el período de su presidencia). Este legislador pertenece a la primera sección, que agrupa a una veintena de municipios bonaerenses con fuerte peso político electoral.
Por su parte, en lo que fueron las repercusiones del polémico proyecto de ley, la vicegobernadora Graciela Giannettasio y el titular del bloque de senadores del PJ, Federico Scarabino, se encargaron de despejar dudas sobre la actitud que tendrá el Senado con el texto que Diputados hizo avanzar.
En tanto, se sumaron en los últimos días fuertes señales de rechazo de varios intendentes. La lista incluye a Julio Alak (La Plata), Julio Pereyra (FpV-Florencio Varela y, además, titular de la FAM), Alberto Descalzo (FpV-Ituzaingó), Jesús Cariglino (PJ-Islas Malvinas), Martín Sabbatella (vecinalista-Morón). A ellos se suma Osvaldo Mércuri, diputado y candidato a intendente de Lomas de Zamora.