Jueces van a la Corte contra la reforma penal que impulsa Solá

La presentación judicial «es voluminosa» y cuestiona la constitucionalidad del proyecto de ley enviado a la Legislatura por el gobierno provincial, que ya fue aprobado en la Cámara de Diputados (en diciembre pasado) y que esta semana recibiría tratamiento en el Senado.
La reforma impulsada por el Poder Ejecutivo no sólo elimina el Tribunal de Casación, del que forma parte Piombo, sino que también divide a los tribunales criminales en juzgados unipersonales, con el objetivo de triplicar la capacidad de audiencias para juicios.
Además, reduce la capacidad recursiva del sistema penal, al establecer que las resoluciones de los jueces de primera instancia podrán ser apeladas ante las cámaras penales de casa departamento judicial y no ante la Casación, como ocurre en la actualidad.
La presentación de los jueces de Casación surgió luego de una reunión que mantuvieron el viernes pasado un grupo de magistrados de tribunales orales de la provincia, que solicitaron a la Corte «un debate público» al interior del Poder Judicial en torno a la reforma penal.
En el pedido, dirigido al presidente de la Corte provincial, Francisco Roncoroni, los jueces dijeron que
es «inconsulto, sorpresivo y arbitrario» el proyecto de reforma penal.
Los jueces rechazaron que «se siga confundiendo a la ciudadanía atribuyendo los problemas de la inseguridad al funcionamiento de la Justicia».
En rigor, hay algo más de media biblioteca en contra de este proyecto de Solá, y de su presunto fundamento de uniformar la aplicación de la ley y de acelerar el funcionamiento de la Justicia.
Este escenario adverso incluye hasta la visión en contra del propio ministro de Seguridad de Solá, León Arslanian.