23 de noviembre 2011 - 21:51
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En octubre de 2010, el mandatario saliente gestionó ante la firma china Heilongjiang Beidahuang State Faros Business Trade Group Co. Limitada un megaproyecto de inversión de capitales asiáticos para el desarrollo de cultivos en áreas bajo riego.
El plan, que preveía un desembolso de 1.500 millones de dólares y la creación de 100.000 puestos de trabajo, cosechó de inmediato una serie de reparos por la escasa difusión de los términos de la cesión de tierras, eliminación de impuestos y otros beneficios que les otorgarían a los inversores asiáticos.
El bloque justicialista opositor en el Parlamento provincial reclamó, por su parte, que el proyecto fuese aprobado a través de una ley con el debate previo correspondiente.
También hubo críticas de las organizaciones ambientalistas relativas a la eventual implantación masiva de soja y el uso de agroquímicos contaminantes.
La diputada Horne opinó que el fallo judicial «sienta un precedente histórico, para la Argentina y toda Latinoamérica, porque se trata nada más y nada menos que de la defensa de nuestra soberanía alimentaria».



