"La coparticipación debe ser bien federal"

No es una ley más ni sus alcances se limitan a la cuestión administrativa y fiscal, es decir, a aquello que parece reservado al ámbito de los ministros provinciales de Economía.

En ella se ponen en juego el concepto mismo de pertenencia de las provincias como miembros autónomos, pero integrados en un pie de igualdad en la Nación; la justa distribución de la riqueza en todo el territorio, y las posibilidades de desarrollo regional.

La coparticipación federal de impuestos debe ser un sistema de vasos comunicantes que garantice condiciones dignas de vida y alimente legítimas expectativas para todos los habitantes del país por igual. En la historia económica argentina, el régimen impositivo evolucionó de tal modo que existen gravámenes nacionales, provinciales y municipales. Salta ha propuesto una modificación sustancial para que sean las provincias las encargadas de recaudar los impuestos nacionales y coparticiparlos a la Nación.

Esto no es una mera ocurrencia, sino que se basa en la experiencia: muchos Estados provinciales han demostrado gran eficacia recaudadora gracias a una tarea disciplinada de sus direcciones de Rentas y a los esfuerzos realizados para modernizar tecnológicamente el sistema.

Las provincias, entonces, están en condiciones de asumir el compromiso mayor dentro de una tarea que debe ser compartida con la Nación y los municipios, especialmente en cuanto al seguimiento de los contribuyentes y el intercambio de información. El otro aspecto del problema es la ecuanimidad en el reparto de los fondos recaudados.

La provincia de Buenos Aires viene reclamando con insistencia que por ser la más poblada y la que más recaudación aporta debe recibir una porción mayor que la que ya recibe de los impuestos coparticipados. Su reclamo es comprensible desde la perspectiva de los bonaerenses, pero pone en crisis el concepto mismo de coparticipación.

En el Gran Buenos Aires se hacinan multitudes, la mayor parte en condiciones de pobreza y desempleo, en un clima social cada día más violento.

Allí, los sistemas de provisión de agua, gas, servicios cloacales, asistencia médica y esparcimiento cuentan con un presupuesto suficiente como para garantizar esos servicios a la mayoría de los habitantes.

La infraestructura energética y de comunicaciones y los menores costos de transporte suponen un atractivo para la inversión en producciones con valor agregado en esas zonas, que de esa forma va concentrando en ella la actividad económica, aunque medidos en términos de calidad de vida los resultados sean discutibles.

Justamente, esas diferencias de infraestructura en materia de transportes, comunicaciones y energía son las que producen gravísimos desequilibrios que llegan a tal extremo que el ingreso per cápita anual de las regiones del centro quintuplica el de muchas provincias del país.

Resolver tales deformaciones depende de una distribución justa de los ingresos globales. Para que sea justa debe contemplar las grandes necesidades de cada región, los índices de pobreza y desempleo, y las posibilidades potenciales de desarrollo.

No debe ser una ley pensada confiando en la mano invisible del mercado, sino asignando al Estado el rol indispensable de impulsor del desarrollo para crear, en consecuencia, nuevos mercados o potenciar los existentes.

La ley de coparticipación federal, cuyo tratamiento no resultará nada sencillo -así lo demuestran los diez años de demora de esta ley- va a ser una radiografía del modelo de país que inspira a quienes la sancionen.

En su texto quedará demostrado si se buscan el crecimiento homogéneo, el desarrollo regional y la integración de cada área del país con las naciones vecinas o si sólo se intenta garantizar la permanencia de un electorado bonaerense gigantesco y desequilibrante, capaz de forzar los rumbos del país en la dirección más inadecuada: más concentración en torno del puerto de Buenos Aires y una cada día más profunda postergación de las provincias argentinas.

Para éstas, el presidente Néstor Kirchner puede ser la última esperanza, por su condición de hombre del interior, para que la coparticipación federal responda al proyecto de país federal.