La entrada en vigencia el 22 de abril del internacional Acuerdo de Escazú es una carta a la que ya apela el Gobierno del peronista Sergio Ziliotto en su pulseada judicial con Mendoza por el manejo de ríos compartidos, con la mirada puesta en la Corte Suprema nacional, que debe fallar en las demandas que presentó La Pampa contra el distrito que hoy gobierna el radical Rodolfo Suarez.
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“Como provincia tenemos grandes esperanzas de que esa puesta en marcha de un tratado internacional se vea reflejada en los futuros pasos de la Corte Suprema de Justicia”, aseguró la Fiscal de Estado pampeana, Romina Schmidt.
Desde el pasado jueves, y en el marco del Día Internacional de la Tierra, rige el “Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe”, suscripto por 24 países -incluída la Argentina- y que define protocolos para la protección del ambiente y la participación ciudadana.
Schmidt remarcó que “Escazú habla de la necesidad de compartir la información pública en todos los temas ambientales”. “Sería muy bueno que Mendoza se hiciera cargo de este tratado y lo pusiera en marcha”, dijo, en diálogo con el canal local CPEtv.
La embestida judicial de La Pampa contra Mendoza hace foco en el manejo de la provincia cuyana del caudal del río Atuel y en la proyectada construcción de la represa de Portezuelo del Viento sobre el río Grande, principal afluente del Colorado.
Respecto de la pulseada por el Atuel, la Fiscal de Estado entiende que el Tratado de Escazú “viene a confirmar” la validez del pedido pampeano a Mendoza de “información fluida” y ser “parte de las decisiones respecto” del río.
Pero además Schmidt ve un rebote en la discusión por la construcción de la represa en Mendoza. “Ellos dicen que hacen todos los estudios de impacto ambiental, pero sujetos a su legislación provincial y que es algo a lo que no podemos obligarlos a renunciar; en este caso, el tratado ambiental está por encima de sus leyes y marca que estas legislaciones locales se tienen que adecuar para estos mecanismos de información y de participación pública”, argumentó.
La Fiscalía de Estado también interpreta que el Tratado de Escazú beneficiará a La Pampa, en cuanto a la posibilidad de acelerar “la obtención de información” en otro reclamo iniciado años atrás y que avanza en el máximo tribunal: el del manejo del río Desaguadero, con un ramillete de distritos vecinos demandados. “En el caso de Desaguadero estamos en la misma situación que con el Atuel: no tenemos información de esa cuenca y se toman decisiones sin avisarnos, como la construcción de la represa El Tambolar en San Juan”, dijo, en declaraciones consignadas por La Arena.
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