Legislaturas mantienen suspensión de remates

Paralelo al acuerdo entre el Poder Ejecutivo y el Congreso Nacional para eliminar el freno a las ejecuciones hipotecarias -vía decreto y proceso de mediación- en algunas provincias se observó un proceso inverso, en el cual al menos seis Legislaturas tienen en cuenta la implementación de normativas que ponen trabas al pedido del FMI de dar curso a los remates. Aún así y para alivio del presidente Eduardo Duhalde y compañía, los proyectos no cuentan en la mayoría de los casos con aval de los respectivos gobiernos, que privilegiarían el resultado del debate que se da a nivel federal. Los distritos en cuestión son Buenos Aires, Mendoza, Córdoba, Neuquén, Río Negro y Salta. En las dos primeras el tema ya tuvo un límite y ahora tiene poca fuerza, en tanto que sólo en las provincias patagónicas y en Córdoba mantiene fuerza de ley, dando mayores plazos en algunos casos especiales. Por su parte, un proyecto en Salta cuenta con fuerte impulso dentro de la Legislatura, pero aún no fue aprobado y no tendría el aval del gobierno.
En Neuquén los remates de viviendas familiares están suspendidos gracias a una ley impulsada este año desde la Legislatura. Se pretende con esta normativa dar tiempo para que avance una negociación entre el Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo y el Banco Hipotecario para recomprar la cartera crediticia que antes le había vendido, precisamente para agilizar el cobro. Originalmente esta ley era por un plazo de 90 días, pero ahora persiste merced a una prorrogada. La ley es de este año.
En Río Negro se sancionó en julio pasado una Ley similar, que da más plazos para negociar cuando se trata de viviendas familiares únicas y en la última sesión se aprobó incluir a los propietarios de campos en los que tengan producción de subsistencia. No se trata de una suspensión de los remates sino que se los posterga para que se pueda negociar.
Córdoba aprobó a principio de este mes una ley que da un plazo de 180 días para las ejecuciones de muebles e inmuebles en los casos de vivienda única o explotación comercial y contemplando una serie de requisitos. En ese lapso, se establece la implementación de una etapa de conciliación obligatoria.
En Salta, provincia gobernada por el menemista Juan Carlos Romero, la Legislatura está tratando un proyecto de ley que establece la suspensión de los remates por seis meses en toda la provincia. que se enmarca en el establecimiento de la emergencia social y productiva en la provincia por 180 días.
El diputado justicialista Víctor Belmont, impulsor de la iniciativa, explicó que «no se trata solamente de la suspensión de remates sino también la posibilidad de que el Estado intervenga otorgando créditos fiscales a favor de los deudores ejecutados cuando el acreedor registre una deuda fiscal a favor de la provincia».
En los fundamentos del proyecto el legislador salteño explicita que «son atribuciones de las provincias el disponer los pasos para la aplicación de las leyes de fondo dictadas por el Congreso de la Nación, más aun cuando los mismos son dictados en el marco de una emergencia social y productiva».
De todos modos, fuentes del Poder Ejecutivo salteño manifestaron a Ambito Nacional que la iniciativa no cuenta aval a ese nivel. «La ley está dando vueltas, pero aún no fue aprobada y además, nos parece que el tema ya está siendo tratado a nivel nacional», expresaron.
En Buenos Aires el tema ya fue frenado, luego de que la Legislatura desestimara la semana pasada el proyecto de la diputada justicialista María Inés Fernández que pretendía dar un plazo de 90 para suspender las ejecuciones de bienes muebles e inmuebles en casos de vivienda única, producción, comercio o PyMEs.
Por último, en Mendoza, fue el propio gobernador Roberto Iglesias el encargado de bajarle el pulgar a la suspensión de las ejecuciones a principio de mes. Se trataba de una Ley aprobada por la Legislatura que ponía trabas a los remates y proponía un sistema de mediación previo a la quita de viviendas o patrimonio. De esta manera, argumentando que la Ley exponía a la provincia a una ola de juicios por ser inconstitucional, Iglesias rebotó la iniciativa que había sido redactada por un equipo de profesionales y votada por unanimidad en el Parlamento mendocino.