Conscientes de que para toda relación financiera con Néstor Kirchner deberán mostrar el sello de esa adhesión, mientras cinco provincias -Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Rioja y Tucumán- ya la apoyaron legislativamente, en otras 9 la iniciativa estaría por ser refrendada por las legislaturas.
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Según fuentes de la cartera de Hacienda nacional, se trata de Corrientes, Chaco, Río Negro, Chubut, Mendoza, San Juan, Santa Cruz, Santa Fe y Tierra del Fuego. En la otra vereda, ya Neuquén y Salta manifestaron su rechazo a la norma y exigieron, primero, la sanción de una nueva Ley de Coparticipación.
Una situación particular se vive, en tanto, en Misiones, donde el gobernador Carlos Rovira adhirió por decreto a la ley, dados los obstáculos que encuentra en la Legislatura local. Una iniciativa considerada como «un gesto político» por el Ministerio de Economía nacional.
Esta ley fiscal -cuya reglamentación está a la firma del Presidente- es una de las exigencias de FMI, luego del congelamiento del debate por una nueva Ley de Coparticipación producto de las posiciones irreductibles de las partes.
La norma fue aprobada por el Congreso en agosto, pero la resistencia de las legislaturas provinciales a aprobarla impulsó al ministro de Economía, Roberto Lavagna, a reunirse en octubre con sus pares de provincias para consensuar la «letra chica» de la reglamentación. Aunque hay una realidad de peso, que prácticamente obliga a las provincias a adherir: sólo aquellas que se sumen a la ley podrán renegociar sus deudas con Nación bajo condiciones más favorables en terrenos del secretario de Hacienda, Carlos Mosse.
Más allá de estas negociaciones, el subsecretario de Relaciones con las Provincias, Carlos Fernández, explicó que en la redacción conjunta del decreto reglamentario «no hubo grandes cambios de fondo, aunque sí se fijaron todos los parámetros técnicos sobre cómo se medirán los niveles de ejecución de los presupuestos, entre otros aspectos». El decreto fue elaborado en conjunto con los ministros de las provincias.
Según Fernández, «por primera vez las provincias que adhieran pueden sancionar a aquellas que no cumplen con el Presupuesto». Además, vía esta ley, Nación puede impedir que una provincia continúe endeudándose si no cumplió con las regulaciones establecidas.
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