Llueven más críticas a polémica reforma penal

Esta vez, fueron los colegios de Abogados y de Magistrados de la provincia los que reafirmaron su rechazo, por considerar que «profundizará la lentitud de la Justicia y generará mayor inseguridad jurídica».
Además, en un pronunciamiento conjunto, ambas agrupaciones reclamaron a los legisladores la apertura de una instancia de análisis y debate con los operadores del sistema judicial antes de que sea aprobado. 
«La urgencia, la emergencia y la excepción han sido el marco en el cual se han adoptado muchas decisiones trascendentes en nuestra provincia. Ninguna de ellas debe servir de excusa para clausurar el debate y el consenso», sostuvieron.
El cuestionado proyecto aún aguarda aprobación en la Cámara de Senadores bonaerense -ya tiene media sanción-, pero esta semana tampoco habría avances, debido a que el PJ sigue firme en su negativa a dar el aval que necesita el oficialista Frente para la Victoria (FpV). Ayer hubo nuevas reuniones, pero esta vez por separado. Por un lado, los legisladores del PJ; y por el otro, los del FpV y el ministro de Justicia, Eduardo di Rocco. Todo indicaba que tampoco hoy habrá sesión, tal como sucedió la semana pasada.
Esta demora está perjudicando, además, la sanción definitiva de la reforma impositiva que establece la aplicación de alícuotas extra para los impuestos Inmobiliario Urbano y Automotor, que está previsto que se comiencen a aplicar desde mediados de año y para aquellos contribuyentes con patrimonio por encima de los $ 500 mil.
El principal punto de conflicto en la reforma penal se centra en que el PJ, si bien no sostiene una postura unificada, no está de acuerdo con la eliminación del Tribunal de Casación que propone el proyecto. En el oficialismo, en tanto, no quieren cambiar ningún punto del texto que ya tiene media sanción, ya que temen que un regreso del proyecto a Diputados podría significar el fin para la propuesta de Solá.
Además de eliminar Casación, está previsto que los tribunales criminales se dividan en tres para convertirse en un total de 210 juzgados unipersonales. También establece que las resoluciones de los jueces de primera instancia podrán ser apeladas ante las cámaras penales de cada departamento judicial y no ante la Casación, como ocurre en la actualidad.