Logró San Luis récord en nivel de desocupación: 5%

La caída de la desocupación encuentra explicación en la creación de más 45 mil puestos de empleo desde mayo en adelante, cuando Rodríguez Saá asumió la conducción del gobierno sanluiseño. Es que, no bien tomó la riendas de la conducción de la provincia, se creó el Plan Trabajo por San Luis, la herramienta que multiplicó los puestos laborales a lo largo y a lo ancho de la geografía sanluiseña. En la ciudad de San Luis, se generaron cerca de 18 mil fuentes de trabajo; en Villa Mercedes, la segunda ciudad puntana, alrededor de 14 mil; y el resto, en el interior. El programa oficial fue el disparador de la reactivación de la economía porque desde junio en adelante garantiza al mercado un ingreso mensual adicional de 12 millones de pesos. Esa inyección motivó a un sector privado que se encontraba deprimido para convertirlo también en generador de empleo.
La incidencia de la propuesta laboral oficial no ha dejado de aportar datos alentadores a la economía provincial: la venta de los supermercados mes a mes aumenta (3% promedio), y la recaudación impositiva, apoyada en ingresos brutos, le permitió en setiembre superar la meta fiscal que había sido fijada en 110 millones: ya está en los 160 millones de pesos, cuando aún faltan los resultados de diciembre.
El plan oficial arrancó con 46 mil trabajadores que cumplen tareas que van desde la revalorización de espacios públicos hasta la construcción de obra pública. Rodríguez Saá anunció que está a punto de lanzar un plan de obras públicas que tendrá en cuenta a esa fuerza laboral para la ejecución. En ese marco, incluyó un programa de viviendas destinado a esos trabajadores que serán los encargados de construirlas. Pero lo que ya tiene en marcha es un programa de Apoyo al Empleo Privado, que forma parte de la Ley de Fomento de las Inversiones (exenciones impositivas, precio diferencial de la tarifa eléctrica, entre otros estímulos). En los hechos, esta iniciativa implica que el gobierno, por cada trabajador del plan oficial que tome una empresa que se radica en la provincia o una ya existente que decide expandirse, le otorga un subsidio por el término de dos años.
El primer año el Estado le asigna 300 pesos; el primer semestre del siguiente año, 200 pesos; y en el segundo semestre, 150 pesos. Con estas cifras, las empresas deben garantizar un sueldo que nunca debe ser inferior a los 450 pesos, el salario mínimo, vital y móvil vigente para los privados en la provincia. Para acceder, las empresas deben garantizar una estabilidad de cuatro años, siempre que los empleados no incumplan la legislación laboral nacional.
La otra pata del programa laboral del gobierno es la capacitación, para lo cual creó un equipo que tiene bajo su jurisdicción el perfeccionamiento. Diariamente reciben cursos en múltiples oficios para ingresarlos en el mercado. El otro punto sobre el cual reposa la iniciativa es la «posibilidad de volver». El gobierno los estimula a incursionar en el sector privado, garantizándoles que, si la experiencia es negativa, tienen su lugar asegurado. Se reservan su puesto firmando el Libro de la Inclusión, en el cual queda registrado que, si les va mal, pueden regresar. Rodríguez Saá declaró hace un par de semanas que la provincia se encaminaba a obtener «un índice que es lo máximo posible que podemos aspirar a lograr» y parece cerrar tratando de hacer realidad su slogan: «Desocupación cero, seguridad diez».