Malestar de empresarios por decreto que elimina beneficio

La norma -de fin de 2003- fue blanco de las críticas de buena parte de los representantes de 150 empresas promocionadas radicadas en las cuatro provincias, que asistieron ayer en un hotel céntrico porteño a un desayuno de trabajo organizado por los mandatarios en defensa del régimen de ventajas impositivas, junto con legisladores nacionales y ministros provinciales.

La reunión fue presidida por los gobernadores justicialistas José Luis Gioja (San Juan), Angel Maza (La Rioja) y Alberto Rodríguez Saá, y por el vice radical Hernán Colombo (Catamarca). Entre el auditorio empresarial -que superó las expectativas- se ubicaron enviados de Arisco, Cargill, Laboratorios Bagó, Milkaut y Procter and Gambler, entre otras firmas. Varios de ellos felicitaron la decisión de activar un trabajo conjunto entre gobiernos y compañías, y destacaron la defensa en bloque que protagonizan los mandatarios.

En la apertura del encuentro, Gioja bregó por «trazar estrategias para esclarecer a la opinión pública de la necesidad de este régimen para la región», que le ha «significado progreso y desarrollo». «Hay que defender con uñas y dientes su terminación ordenada», aseguró (sus beneficios caducan en 2012). Por su parte, Rodríguez Saá cargó contra el Decreto 1.355, al que tildó de «grave» porque «afecta la seguridad jurídica».

En tanto, Maza instó a pensar «qué pasará cuando terminen los beneficios», «para que las empresas se queden». Y pidió trabajar en «readecuar los bonos fiscales», cuya ecuación «cambió con la devaluación». A su turno, Colombo propuso «trabajar en un marco legal que dé estabilidad y transparencia a los últimos ocho años de promoción».

En la agenda de los mandatarios en defensa de la promoción se encuentran una marcha simultánea de trabajadores en las cuatro provincias hacia sus casas de Gobierno, y una cumbre de gobernadores el 3 de marzo en San Juan para analizar los problemas de la región y cómo apuntalar el desarrollo.

Respecto del malestar por el Decreto 1.355, los empresarios alegan que esos reintegros -vía el Decreto 804- nacieron en 1996 para promover las exportaciones -por la caída del mercado interno-, y que gracias a él activaron «inversiones adicionales». En ese marco, aseguran que los números de los contratos actuales con el extranjero cierran «en función de ese decreto» y que «no se pueden cambiar las reglas del juego», activando así el fantasma de la pérdida de puestos de trabajo. «Hay que terminar con el decretaz o, porque invertimos a largo plazo, y puede ser un precedente peligroso», advirtió un empresario riojano que exporta a 30 países.

« Es crítico y fundamental, antes de plantear qué hacer a largo plazo, resolver este tema porque representa la confiabilidad para proyectos de inversión futuros en el país», aseguró por su parte Mariano Asz, representante de la norteamericana Prestolite Indiel (radicada en San Luis). Sus palabras desataron el único aplauso empresarial que se escuchó en el salón. Esa compañía tiene incluso previsto presentarle el caso el próximo martes al embajador de los Estados Unidos en Buenos Aires.

El malestar regional ya llegó a la Justicia, ya que un juez en San Luis ordenó suspender la aplicación del decreto para el caso de una empresa local.

En rigor, en esa provincia ya son cuatro los recursos de amparo presentados.

• Impacto

Los mandatarios ya elevaron a Nación una propuesta para atenuar el impacto, con la quita del reintegro en forma gradual. Pero para algunos empresarios «la gradualidad no es suficiente» y «ya constituye inseguridad jurídica». «Hay que hacerle entender al Ejecutivo que la promoción ya está acotada, y que tiene su tope en los bonos de crédito fiscal», aseguró un sanluiseño.

Sin embargo, tras la reunión un gobernador insistió en que «la gradualidad es la solución» porque estos regímenes ya de por sí «implican una gradualidad», y porque «no era lo mismo exportar en el 1 a 1» que en el más beneficioso escenario posdevaluación.