La estrategia apunta a que la oficina de Rentas pueda controlar a fondo los traslados de mercaderías y bienes, así como conocer la «facturación real» de las empresas y asegurar su declaración ante el fisco. Montoya lidera el megaoperativo de control que la provincia impulsa con especial énfasis desde hace un par de meses. Entre las medidas más destacadas figuran la amenaza de allanar, vía orden judicial, cajas de seguridad de 35 mil grandes deudores; el envío de cartas de advertencia a las esposas de morosos del impuesto inmobiliario y la elaboración de «planes a medida», para que el deudor pueda pagar acorde con su condición.
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En este marco, por medio de un proyecto de ley de modificación del Código Fiscal -impulsado desde el Ministerio de Economía conducido por Gerardo Otero-, el gobierno pretende ampliar las atribuciones de Montoya. La iniciativa podría ser aprobada antes de que termine 2004, según informaron fuentes de la cartera de Economía.
La avanzada apunta a sectores sensibles para la evasión, como el gastronómico, y pretende activar un sistema de determinación «express» para poder exigir mayores pagos de Ingresos Brutos en función de los datos que surjan de operativos de «punto fijo». Hoy sólo es posible iniciar un expediente de determinación de impuestos a través de una fiscalización integral, lo cual, según informó el gobierno, afecta demasiado recursos humanos y de tiempo, para poder abarcar un universo de 475.000 contribuyentes activos.
El poder de control sobre la facturación de las empresas se extendería durante algunos días, para verificar el pago con tarjetas, las acreditaciones bancarias o el monto de las compras no declaradas. Esto permitirá realizar -aseguran- una estimación de la facturación real de las firmas. Estimación que equivaldría a declaraciones juradas que los afectados deberían rebatir judicialmente.
La norma -según la pretensión de Otero y Montoya habilitaría la intervención fiscal permanente sobre el contribuyente, así como el acceso en tiempo real a los sistemas de las compañías.
Según se informó, se trata en este caso de recalcular las facturaciones de empresas sobre la base de intervenciones de caja para evitar supuestos fraudes por cambios en las razones sociales. Rentas podría en estos casos aducir «continuidad económica» y exigir a la nueva empresa el pago de las deudas anteriores. Las firmas deberán conservar por cinco años soportes magnéticos de las operaciones imponibles para facilitar su control por parte del fisco.
Además, por medio de los superpoderes, el gobierno podría iniciar juicios de apremio por anticipos no pagados, tomando como base de la facturación los meses o bimestres declarados corregidos según la estacionalidad de cada actividad económica.
El proyecto también propone algunos beneficios para grupos de contribuyentes, como empresas de TV por cable, radiotelefonía, televisión satelital o codificada o de circuito cerrado, las cuales estarán exceptuadas, como los canales de aire, del pago del Impuesto sobre Ingresos Brutos. A su vez, se crearían tribunales de apelaciones en lo Contencioso Administrativo que se ocuparán de las demandas contra el Estado.
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