Nueva propuesta

La iniciativa del gobierno nacional significaría, además, que el acceso a este financiamiento sólo podría alcanzarse en aquellos casos en que la provincia haya adherido a la Ley de Responsabilidad Fiscal.

Es sabido que la intención de la administración federal es que a partir de 2005, la relación de Nación con el interior se rija exclusivamente a través de la ley fiscal que, se supone, en cuanto empiece a regir en enero próximo activará un estricto control de la Casa Rosada sobre las finanzas provinciales.

•Requisito

Sólo a cambio de la adhesión a esta ley los gobernadores podrán acceder a una renegociación de la deuda pública (75% del pasivo provincial está contraído con Nación), compensaciones y hasta el acceso a créditos para planes de infraestructuraque requieran el aval nacional, como sucede con el que recientemente se firmó con el BID, por u$s 900 millones para el Norte Grande. El financiamiento a deuda municipal no sería la excepción.

Esta semana la Comisión de Asuntos Municipales, que preside Hilda Chiche Duhalde, discutirá un borrador, con « sugerencias» de la administración federal, que fue acercado el pasado miércoles por un legislador nacional de muy buena relación con el Ejecutivo.

Cabe recordar que ya existe un proyecto de ley para la pesificación uno a uno de la deuda municipal, que ya cuenta con dictamen favorable de esta misma comisión, pero recibió el constante rechazo de Lavagna.

En el caso del nuevo borrador del Ejecutivo, se trataría de una refinanciación de obligaciones contraídas antes del 1 de enero de 2002 y cuyos desembolsos a los municipios se hayan realizado con anterioridad a esa fecha.

La modalidad de financiamiento sería la misma que hoy tienen las provincias a través de los Programas de Financiamiento Ordenado (PFO), es decir, un bono a 16 años, con tres de gracia, pesificado a $1,4 más CER.

Por su parte, las cuotas de amortización e interés no significarían al municipio más de 8% del total de sus recursos o 10% de coparticipación.

El monto que municipios de todo el país pretenden pesificarar asciende a u$s 470 millones,, que es la deuda que tienen con organismos multilaterales de crédito, según cálculos elaborados desde la Federación Argentina de Municipios (FAM).

La carga de créditos tomados en dólares afecta a cientos de municipios del país, concentrados principalmente en Mendoza, Entre Ríos y Neuquén, los cuales comienzan a experimentar descuentos de coparticipación del Estado provincial por causa de esta deuda impaga.

De plasmarse el proyecto que sondea el gobierno nacional, los intendentes funcionarían como un importante factor de presión, especialmente en aquellos casos de legislaturas o poderes ejecutivos que no están en línea con el gobierno nacional en la adhesión a la ley fiscal.

Hasta el momento, las provincias que dieron aval legislativo a la Responsabilidad Fiscal son Jujuy, Tucumán, Formosa, Entre Ríos y Misiones (por decreto). Asimismo, hay distritos --con el gobernador de Neuquén, Jorge Sobisch; y de Salta, Juan Carlos Romero, a la cabeza desde los cuales ya se manifestaron fuertes críticas a esta ley.